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Estado de México

Edomex va por cárcel para el ‘stealthing’: frenan violencia oculta

Edomex va por cárcel para el ‘stealthing’: frenan violencia oculta
El Congreso mexiquense analiza cambios al Código Penal estatal. Foto: Especial
El Congreso mexiquense busca castigar con hasta 3 años de prisión el stealthing, práctica que viola el consentimiento y vulnera la autonomía sexual
Jessica Ignot
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19 de noviembre 2025

El Congreso del Estado de México abrió un frente legal contra una práctica tan silenciosa como dañina: el stealthing, la retirada del preservativo sin consentimiento durante una relación sexual.

El Grupo Parlamentario del PRD, encabezado por Omar Ortega Álvarez, presentó una iniciativa que coloca esta conducta en el centro del debate público y busca reconocerla como una forma grave de violencia sexual.

La propuesta, ingresada el 17 de noviembre de 2025, subraya que el stealthing no es un “malentendido”, sino un acto que rompe el acuerdo íntimo y atenta directamente contra la autonomía y dignidad de la persona afectada.

Según el documento legislativo, manipular o retirar el preservativo sin aprobación constituye una agresión sexual encubierta que hoy no está plenamente considerada en el Código Penal mexiquense.

Prisión y sanciones más severas

De aprobarse, quien incurra en esta práctica enfrentaría hasta tres años de prisión. La iniciativa establece además que cualquier alteración deliberada del método anticonceptivo —como perforar el condón— también será castigada con entre uno y dos años de cárcel, además de 100 a 300 días de multa.

Los castigos se endurecerían si la conducta provoca consecuencias mayores: embarazo, contagio de una infección de transmisión sexual o impactos psicológicos comprobados. En esos casos, la pena podría incrementarse hasta en un 50 por ciento.

Un vacío legal que impide justicia

El grupo legislativo del PRD destacó que las denuncias por stealthing suelen topar con barreras procesales, pues la tipificación actual de violación o abuso no contempla el engaño ni la manipulación del consentimiento. Esto ha dejado a muchas víctimas sin herramientas jurídicas para exigir justicia.

La propuesta busca cerrar ese vacío y ampliar el reconocimiento institucional de todas las formas de violencia sexual. Tipificar la práctica, insisten, es indispensable para garantizar la protección plena del derecho a decidir sobre la propia sexualidad.

Consentimiento: un acuerdo que se respeta

El documento legislativo aclara que la penalización no pretende criminalizar las relaciones voluntarias. Su objetivo es reafirmar que el consentimiento es un pacto “dinámico, informado y condicionado”. Cualquier cambio en los términos acordados —incluida la manipulación del preservativo— exige aprobación consciente de ambas partes.

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