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Estado de México

Edomex endurece castigos y protege denuncias por acoso sexual

Edomex endurece castigos y protege denuncias por acoso sexual
La reforma protege a víctimas en transporte y espacios públicos. Foto: Especial
El Edomex publica reforma que incrementa penas por acoso, obliga a autoridades a recibir denuncias y garantiza atención con perspectiva de género
Jessica Ignot
|
27 de noviembre 2025

El Gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta del Gobierno la reforma al artículo 269 Bis del Código Penal, una medida impulsada por la gobernadora Delfina Gómez para combatir el acoso sexual con mayor firmeza.

La modificación endurece sanciones, amplía la protección a víctimas y obliga a las instituciones a garantizar atención sin revictimización.

Con el Decreto 216, la entidad se suma al Pacto Xicoténcatl, iniciativa nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar marcos legales y fortalecer la protección hacia las mujeres.

Qué cambia con la reforma

La actualización define que cualquier conducta sexual no consentida, realizada hacia una persona de cualquier sexo, es suficiente para denunciar, incluso si ocurre solo una vez.

También establece que el acoso sexual aplica en espacios públicos, transporte, calles, mercados y terminales, ampliando el alcance del delito.

Cuando la conducta se repite o ocurre aprovechándose de una situación de desventaja o riesgo para la víctima, la pena aumentará hasta en una mitad.

Responsabilidad obligatoria para servidores públicos

Un punto central de la reforma es la sanción a autoridades que rechacen recibir denuncias o intenten disuadir a la víctima.

Policías, agentes del Ministerio Público y personal de justicia podrían enfrentar de dos a seis años de prisión, multas de hasta 500 días y la destitución e inhabilitación del cargo.

La ley obliga a que la interpretación del delito se haga con perspectiva de género y considerando los contextos de vulnerabilidad.

Un paso clave para frenar la impunidad

Con estos ajustes, el Estado de México se convierte en una de las primeras entidades en actualizar su legislación conforme a los nuevos estándares de protección.

El objetivo es cerrar la puerta a la impunidad, facilitar la denuncia y garantizar procesos más justos y seguros para las víctimas.

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