El sur del Estado de México fue escenario de un nuevo despliegue de seguridad. Como parte de la ‘Operación Bastión’, autoridades estatales y federales ejecutaron 21 órdenes de cateo en seis municipios considerados estratégicos para grupos delictivos.
Temascaltepec, Luvianos, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya y Sultepec concentraron las intervenciones, resultado —según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)— de trabajos previos de inteligencia e investigación.
El objetivo es claro: desarticular inmuebles utilizados como centros de operación, logística y resguardo de organizaciones criminales que operan en la región sur.
La estrategia se enfoca en ranchos, casas, bodegas y puntos de vigilancia que presuntamente funcionaban como bases de planeación o protección.
En varios casos, las propiedades estaban registradas a nombre de terceros para ocultar su uso real y el origen de los recursos.
La recuperación de estos espacios no solo implica aseguramientos físicos. También abre la puerta a procesos de extinción de dominio, una herramienta jurídica que permite al Estado tomar posesión definitiva de bienes vinculados con actividades ilícitas.
Con ello, se busca cortar circuitos financieros y evitar que estos puntos vuelvan a operar como centros de respaldo para estructuras criminales.
La ‘Operación Bastión’ forma parte del modelo de seguridad estatal y se ejecuta en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y el Poder Judicial mexiquense.
El despliegue responde a una lógica de intervención focalizada: atacar infraestructura territorial y financiera para reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos.
‘Operación Bastión’ se suma a otros operativos estratégicos como Enjambre, Atarraya, Fortaleza y Restitución, enfocados en distintos fenómenos delictivos en la entidad.
El sur mexiquense ha sido históricamente una zona de alta complejidad por su geografía y dinámica criminal. Las autoridades sostienen que la intervención de inmuebles representa un paso clave para recuperar espacios y restablecer condiciones de seguridad.
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EL DATO
Con estas acciones, el gobierno estatal busca enviar un mensaje: la ofensiva no solo apunta a personas, sino a las estructuras físicas y financieras que sostienen la operación criminal.