La gobernadora delEstado de México, Delfina Gómez Álvarez, envió al Congreso local una iniciativa para reformar la ley que protege a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La propuesta busca algo más que reaccionar ante agresiones: plantea un modelo integral que atienda las condiciones de riesgo desde su origen.
El documento fue turnado a la LXII Legislatura mexiquense con el objetivo de fortalecer el ejercicio del periodismo en un entorno marcado por la vulnerabilidad y la violencia.
De la reacción a la prevención
La iniciativa rompe con el enfoque tradicional basado en medidas de emergencia. En su lugar, introduce una estrategia preventiva que considera factores estructurales como la precariedad laboral, la falta de seguridad social y la exposición constante a riesgos.
El planteamiento fue construido a partir del diálogo entre autoridades, periodistas y organizaciones civiles, bajo la coordinación del Mecanismo de Protección Integral.
Salud, becas y respaldo institucional
Uno de los ejes centrales es el acceso a servicios de salud. La propuesta contempla que periodistas, especialmente quienes trabajan por cuenta propia, puedan incorporarse a esquemas como IMSS-Bienestar o contar con alternativas de aseguramiento.
Además, se incluyen programas de capacitación continua y becas educativas tanto para comunicadores como para sus familias, reconociendo el impacto social de su labor.
También se prevén apoyos funerarios en casos donde periodistas o defensores pierdan la vida a causa de su trabajo, un punto que busca cubrir uno de los vacíos más sensibles en materia de protección.
La iniciativa incorpora medidas orientadas a la prevención, como sistemas de identificación voluntaria y mecanismos que permitan reducir riesgos antes de que se conviertan en agresiones.
A esto se suma un enfoque diferenciado que reconoce las condiciones particulares de grupos vulnerables: comunidades indígenas, población migrante, diversidad sexual y personas afromexicanas.
Un consejo con mayor representación
El proyecto también propone renovar el Consejo Consultivo del mecanismo de protección, con criterios de selección más claros, representación regional equilibrada y paridad de género.
La intención es que las decisiones no se tomen desde el escritorio, sino con base en la experiencia directa de quienes ejercen el periodismo en territorio.
En un contexto donde ejercer el periodismo en México implica riesgos constantes, la iniciativa busca sentar nuevas bases para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información.
Más que un ajuste legal, el planteamiento apunta a redefinir la relación entre el Estado y quienes documentan la realidad todos los días.