La lucha por mejores salarios en Puerto Rico

Edmy Ayala / Patricia Mazzei

En Puerto Rico, el salario base de los maestros de escuelas públicas es de mil 750 dólares mensuales, una cifra que no ha aumentado en 13 años y que ha obligado a Jessica Colón Cartagena, maestra de educación especial, a dar clases particulares y a tener un negocio de banquetes con su marido para llegar a fin de mes.

“No nos valoran”, comenta. “No significamos nada para los políticos”.

El miércoles, Colón, de 40 años, no fue a trabajar a su escuela en Cayey. En lugar de ir al plantel, fue a San Juan y se unió a miles de otros maestros, bomberos y miembros de sindicatos que exigen mejores salarios para los trabajadores al servicio del Estado; mientras Puerto Rico trata de salir de la enorme bancarrota que ha dificultado la vida cotidiana en la isla.

Frustrados por años de bajos salarios y altas tarifas de servicios públicos y ahora también por el aumento de los precios al consumidor y los costos de la vivienda, han presionado al gobernador Pedro Pierluisi para que encuentre la forma de sortear el presupuesto anual que fija un consejo fiscal designado por el Gobierno federal, el cual ha supervisado las finanzas de Puerto Rico desde 2016.

“Estamos aquí por la justicia salarial”, dijo Colón. “Trabajamos muy duro. Muchos maestros están abandonando las aulas”.

El consejo de supervisión aprobó aumentos salariales modestos para varios trabajadores públicos, como maestros, bomberos, funcionarios de prisiones y los agentes de policía; pero ha dicho que el Gobierno debe aumentar los impuestos o buscar la manera de ahorrar en otras partidas del presupuesto para poder acomodar aumentos salariales mayores.

La situación para los trabajadores públicos se ha dificultado a lo largo de la década de crisis económica y reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Alrededor del 23 por ciento de la fuerza laboral no agrícola está empleada en el sector público, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Al igual que los empleados públicos de otros lugares, los trabajadores habían aceptado salarios más bajos a cambio de mayores prestaciones, pero muchas de esas prestaciones disminuyeron o se perdieron ante las turbulencias financieras, lo cual dejó a los trabajadores incrédulos ante la posibilidad de que no tendrían que aceptar más recortes cuando los acreedores de Wall Street empezaran a cobrar de nuevo. El plan de reestructuración de la deuda redujo aún más las prestaciones de jubilación de los docentes.

“Reúnen 7 mil millones de dólares para los tenedores de bonos”, comentó José Tirado, presidente del Sindicato de Bomberos. “Mientras los socorristas viven en la miseria”.

Los bomberos ganan un salario base de mil 500 dólares al mes, una cifra que no ha cambiado en 22 años, señaló Tirado, lo que hace que sea un reto reclutar y retener a los empleados. Muchos bomberos trabajan en condiciones precarias en estaciones con daños serios ocasionados por el huracán María en 2017 y una ráfaga de terremotos en diciembre de 2019 y enero de 2020.

Pierluisi había propuesto un aumento salarial de mil dólares para los docentes; no obstante, el consejo de supervisión lo rechazó y aprobó un aumento salarial menor, de cerca de 470 dólares mensuales. La mitad del aumento solo aplicaría si el Departamento de Educación mejora su sistema de nóminas y asistencia y los registros de asistencia de los alumnos, cambios que el consejo de supervisión ha impulsado para mejorar la gobernanza.