Quince años después, pensamos que en México, la política de no cooperación en materia de derechos humanos, era cosa del pasado. Pero la crispación del Gobierno de Peña Nieto con los organismos internacionales (ACNUDH, AI, CIDH, HRW), nacionales y ong´s, es evidente. Hay una clara resistencia de las autoridades, de todos los niveles, para aceptar los informes y recomendaciones emitidos sobre homicidios, desapariciones y tortura. Estas actitudes menos receptivas a la crítica y al escrutinio, provocan continuas fricciones.