Los días jueves y viernes de la semana pasada, tuvo lugar una ponencia magistral a cargo del maestro Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe); plática que se desenvolvió con suma elocuencia.
El argumento central rodeaba esta pregunta: ¿Cuál será el principal obstáculo para el desarrollo integral de los derechos fundamentales? Al respecto, el abogado por la Escuela Libre de Derecho nos compartía su reflexión. Eduardo Ferrer, actual presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), considera que el reto se encuentra en los mecanismos jurídicos de cada país para abstenerse de cumplir la jurisdicción internacional (aún como Estados miembros del Pacto de San José), en el este caso de la CIDH; resguardando sus intereses como soberanías. Por otro lado, y como segunda respuesta, se ha establecido que el atraso primordial en la materia yace en la falta de recursos económicos para abatir la desigualdad y promover la educación cívica en México.
En palabras del conferencista, el impedimento no está en las dos causas anteriores. El enemigo preponderante, aunado a la falta de respeto e intolerancia, resulta el cambio cultural, la negación y por supuesto la obstinación en algunos temas; nos inclina a una situación en la que no podemos avanzar en la construcción de un marco legal adecuado. La adopción de posturas a lo largo del tiempo ha sido gracias a la evolución del pensamiento. Debates polémicos como el feminicidio, el incesto, la eutanasia, la xenofobia, el medioambiente, los matrimonios igualitarios, la reproducción asistida y la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la pena privativa de la libertad sea la última instancia, son tópicos de vanguardia que nos permiten volver a plantear las costumbres que como sociedad hemos moldeado. La ciudadanía progresará a medida que sepamos interpretar los fenómenos del siglo XXI; lo que conviene atender y lo que simplemente hay que desechar por la naturaleza de la propuesta. Concientización y apuesta por la inclusión como principios básicos de la administración