El debate sobre la seguridad del país sigue su curso en la Cámara Alta. Los acuerdos se retrasan por la falta de consenso en el proyecto de la Guardia Nacional; respaldado previamente por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por el voto de los diputados miembros del Congreso de la Unión. De conformidad al proceso legislativo, el Senado adquiere el carácter de cámara revisora y deberá hacer el análisis respectivo.

Uno de los ejes centrales de esta propuesta reside en replantear la institución de la policía federal con un mando dual entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior se inclina a que administrativamente tendrá una directriz de orden civil; sin embargo, adquirirá la operatividad de las fuerzas armadas.

El clima adverso de los últimos años nos invita a dilucidar el problema de fondo. La corrupción en la corporación, el mal manejo de la política interna y la efectividad a medio trecho, producto de los intereses personales, han provocado esta inquietud de cambio. La pregunta es: ¿reemplazar o no el actuar policial como primer filtro de la procuración de justicia?.

Considero interesante y concuerdo con un estudio realizado por la revista Nexos, en el que se desglosa con toda claridad el proceder de los elementos policiacos. Como aseveración inicial destacan dos términos importantísimos: violencia y hechos delictivos. Muy diferentes.

No todos los incidentes de naturaleza ilegal gozan del mismo procedimiento para ser investigados ni parten en su totalidad de la coacción física. De acuerdo con una consulta publicada por el Inegi, los delitos más atendidos en la cotidianeidad, además de las riñas, son el robo a transeúnte, a negocio, a vehículo y, por último, el de casa-habitación. ¿Común denominador? La prevención. La policía en esencia tiene otra formación distinta a los militares; se encargan de preservar libertades y asegurar una salvaguarda integral de los derechos constitucionales de la colectividad. No de abatir enemigos del Estado.

Es evidente que el modelo actual no ha tenido resultados positivos, por lo que una reforma en el protocolo de actuación es vital. Los legisladores deben evaluar con cautela los riesgos de poner en las calles un esquema inflexible que genere incomodidad al ciudadano. Veremos cómo se desenvuelve esta discusión en los próximos días.