El desgobierno de López Obrador

El presidente de México tiene prisa. Pero en su impaciencia, Andrés Manuel López Obrador ha infringido la constitución de manera reiterada.

Sus acciones, al igual que sus mensajes y posicionamientos en las conferencias de prensa matutinas, las Mañaneras, exceden sus facultades constitucionales, vulneran las competencias de otras autoridades y violan derechos humanos. El orden constitucional es garantía de un buen gobierno. Y algunas de las declaraciones y acciones de AMLO en los primeros seis meses en el poder, sin embargo, ponen en riesgo la funcionalidad tanto de su presidencia como de las instituciones.

Quienes votamos por AMLO hicimos nuestro su lema “Por el bien de México, primero los pobres”. Confiamos en su promesa de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Nos sedujo su oferta de un crecimiento económico del cuatro por ciento anual y coincidimos en que el combate a la corrupción y la seguridad pública tendrían que ser prioridades de su gobierno.

Como candidato, su oferta de conciliación nacional, de un México en paz y sin divisiones por razones ideológicas o de clase social, fue acogida por sus simpatizantes con el signo de #AMLOVE. En su propuesta de enfrentar la violencia con “abrazos, y no balazos”, no solo se esperaba el cambio de rumbo de una guerra sangrienta contra el narcotráfico, sino que la metáfora se extendiese a sus opositores, quienes tendrían su respeto y a los que nunca vería como enemigos, como lo prometió en el cierre de su campaña.

El triunfo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por AMLO, fue arrollador. Además de los 30 millones de votos, equivalentes al 53 por ciento del electorado, que lo elevaron a la presidencia, alcanzó la mayoría en el congreso federal con 258 diputaciones y 59 senadurías, cinco gubernaturas estatales y el control en 19 de los 32 congresos locales. Esta fuerza ha permitido que AMLO impulse reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional con mandos civil y militar, y ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos el robo de hidrocarburos, la corrupción y los delitos electorales.

Desmontar la corrupción de gobiernos anteriores, velar por el bien público y gobernar con justicia para el “pueblo bueno” son justificaciones válidas para efectos políticos y sociales, sobre todo por la premura en dar resultados antes de que concluya su primer año de Gobierno.