El poder, con su maraña de leyes emanadas para dejar claro quién gobierna debiera ser el mismo en todas partes, pero no siempre es así en el planeta.

Recientemente el gobernador de California, Estados Unidos, Gavin Newsom, dio a conocer la denominada ‘Ley de transparencia y responsabilidad fiscal’ que obliga a cualquier candidato a la presidencia de su país o a la gobernación de California que las personas que deseen participar en las primarias debe presentar ante la Secretaría de Estado californiana copias de los últimos cinco años de sus declaraciones de impuestos. No hay otra salida.

La anterior ley pretende meter en cintura al presidente Donald Trump y frenar su aspiración de reelección al principal cargo de su país. De paso es una protesta o veto a la actual Legislatura estatal.

En Colombia, la principal condición para ser candidato a cualquier cargo de elección pública, en un alto porcentaje, es estar o haber estado inmerso en investigaciones, por corrupción o tener un ‘padrino’ político con pasado judicial rico en irregularidades.

En Locombia, el ladrón de cuello blanco recibe casa por cárcel y el que se roba una cajita de pollo, porque tiene hambre, para ser una sopa entre cinco y diez años, más el escarnio público, por parte de los medios de comunicación que hacen de esa situación la gran noticia, mientras los que saquean el erario público, lo son en menor cantidad.

Las entidades bancarias y no los contratistas son las que patrocinan, quienes luego fracasan en el intento porque los recursos no llegan a su destino y es el Estado, mejor dicho el pueblo, a través de más impuestos, el que debe pagar porque se aprueban leyes para tal fin.

Es otras palabras se roban los recursos y hay que indemnizar a los ladrones. Increíble, pero cierto, tan cierto que se han dado caso de corrupción como el violador de una niña, que pertenece a una familia ilustre y tras el escándalo de los días iniciales no se ha vuelto decir más de él y de su familia que se vio envuelta porque sabotearon las pruebas.