Conapred ha publicado sugerencias para los estados de la República en vías de mejorar el entorno afín al respeto de los derechos humanos
Sergio Arellano
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha publicado una serie de sugerencias para los estados de la República en vías de mejorar el entorno afín al respeto de los derechos humanos. Dentro de sus actividades diarias está la conformación de una plataforma electrónica que registre los avances y retrocesos en materia igualdad y no discriminación. A la par, una de las observaciones que podemos destacar es que, para la construcción de este y cualquier otra fuente análoga, es necesario contar con un ente de investigación y alcance de los contextos jurídicos por entidad federativa.
Por lo anterior, los Gobiernos estatales deberían estar contemplando la creación de un órgano autónomo o un área responsable que obre como auditor de las medidas implementadas en las territorialidades. Una directriz en su margen de acción recaería en el monitoreo, seguimiento y medición de la eficacia de los ajustes razonables, qué tanto incorporan los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales, acciones afirmativas, impacto de las iniciativas de ley que fueron aprobadas y puestas en práctica; así como el beneficio de las políticas públicas implementadas. No sin antes mencionar que el análisis debe de ser objetivo y realista.
Afortunadamente, diversas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil han realizado un trabajo sin igual en la vigilancia de estos parámetros.
La Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, por ejemplo, ha establecido un sistema de recopilación digital en el que evalúan el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en virtud de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades. Tomando el modelo veracruzano, podemos innovar en la manera de comunicar y supervisar el cumplimiento del mandato constitucional descrito en el artículo 1º.
En complemento con los avances hasta hoy, sería un avance considerable el destinar un porcentaje del erario público para el fomento de centros de indagación, análisis e interpretación y evidenciar qué tanto compromiso existe con los datos reflejados.
