En esta controversia, el político afirmaba que por ser figura pública se tiene una valoración inequitativa
Sergio Arellano
Imagine la vida de un “triste” político en México. Personas que han estado por años al servicio de la administración pública y que en constantes ocasiones son señaladas por sus actos. Por lo bien que se portan. Me refiero a aquellas figuras que de repente se avientan comentarios como: “un sueldito de 40 mil pesos”. Pero que tambié, se muestran intolerantes para la réplica. Si traen un coche carísimo, que si ofenden con comentarios machistas o inclusive, si son cero empáticos con temas sensibles como el matrimonio igualitario.
Ante ello, la ciudadanía está en su total y legítimo derecho de cuestionar. Ahora, la gran pregunta es: ¿Qué tanto podemos señalar a un político sin dañar su “imagen”? Para ello, me resulta interesante platicarles el razonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a esto. En el amparo en revisión número 172/2019 se hizo constar la demanda de un servidor público en contra de un ciudadano periodista que presuntamente había dañado su derecho al honor. En esta controversia, el político afirmaba que por ser figura pública se tiene una valoración inequitativa.
Para tal efecto, el alto tribunal mexicano se expresó claro y fuerte: “el debate debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces”. Continúa asentando la SCJN: “… cualquier individuo participante del debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir a una cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa”.
Con esto, estimada o estimado lector, salvaguardamos la libertad de expresión y garantizamos la posibilidad de objetar aquello que no es constructivo para nuestra democracia. Por una sociedad sin censura.
