El gasto en prisiones federales, privadas y públicas, se destina en un 83% por ciento a los ocho penales privados; el restante 17% se destina a las 11 prisiones administradas por el Estado con una población muy superior
Daniel González Rivas
Según la información oficial, el costo de los centros penitenciarios federales privatizados es exorbitante. Un solo dato lo ilustra todo: bajo esa modalidad, cada preso cuesta al erario público la cantidad de $1,243,000.00 pesos anuales. Imagínese usted. Estamos pagando $3,400.00 pesos diarios por cada persona encerrada por orden de un juez. Aproximadamente lo que cuesta vacacionar en un nivel digno. Mientras que en las cárceles administradas por el gobierno el costo es mucho menor. Desde luego que estas presentan condiciones infernales; pero aun así la diferencia es exorbitante.
El gasto en prisiones federales, privadas y públicas, se destina en un 83% por ciento a los ocho penales privados; el restante 17% se destina a las 11 prisiones administradas por el Estado con una población muy superior. Si la excusa para un gasto tan elevado es que las condiciones de los presos en las cárceles privadas es la que demanda el respeto a los derechos humanos, habría que equiparar las condiciones en todos los centros de detención y reducir al mínimo posible la población carcelaria. Pero es difícil pensar que esa población tenderá a reducirse si hay gente que se beneficia de que haya más presos con condenas más largas. Es lógica elemental, los negocios buscan siempre elevar el lucro. De cualquier manera, la experiencia ha demostrado que, en México y en otros países, la privatización de los penales los ha hecho más caros, menos humanos y menos seguros. La ruta parece muy clara: el Estado es el indicado para la administración de estas instituciones. No solo porque no tiene fines de lucro, sino porque es a la sociedad en general a la que le corresponde procurar que los delincuentes cumplan con su castigo de manera humana y que sean educados para reintegrarse armoniosamente a la actividad social jurídicamente sana. Las cárceles deberían permitir el ejercicio de la autonomía de manera más libre conforme avance la sentencia y se acerque la libertad. El gobierno debe procurar que esos fines se cumplan con el menor costo posible para la hacienda pública. Lo que seguramente sucede ahora es que se busca elevar la utilidad al más alto nivel posible.
El recién estrenado presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decretó el fin de los contratos con las concesionarias privadas para administrar cárceles federales en los Estados Unidos. Las razones son las ya expresadas, el trato indigno para los presos, las condiciones de inseguridad y los altos costos. Es decir, los nulos beneficios respecto del modelo de administración pública. Ojalá que los contratos leoninos celebrados con las concesionarias mexicanas sean eliminados por las mismas razones; que son muy superiores a las que los motivaron. Desafortunadamente, otra vez el costo de los daños y perjuicios correrá a cargo de los contribuyentes.
El gobierno de López Obrador ya ha emprendido el análisis de la situación y al parecer está por la eliminación del esquema de privatización de los penales federales, pero sería deseable que no se pierda de vista que las condiciones de los centros penitenciarios en general son solo consecuencia y reflejo de las del sistema penal en general. En México es urgente atender toda la estructura que se encarga de perseguir y castigar el delito y la reinserción social. Las fiscalías y procuradurías no cumplen ni remotamente con sus fines institucionales. Tampoco lo hace el sistema judicial. Las razones son múltiples y van desde el indebido diseño institucional hasta la cultura en la que impera la irresponsabilidad y la corrupción por razones políticas y económicas. Desafortunadamente el actual régimen federal no parece tener la altura de miras necesaria para emprender esta gran labor. Su actuación en los dos años que lleva evidencia su incomprensión integral de los grandes problemas de México. ¿Como se puede combatir la corrupción cuando la impunidad y el manejo político de los expedientes judiciales son rampantes hasta en los casos más emblemáticos?
