Después de la detención de Tudor, la pregunta ahora es quién le daba protección en Quintana Roo
Daniel Lizárraga
El pasado jueves 27 mayo, circuló en redes sociales un video en el cual un hombre blanco, con acento extranjero, era arrestado en oficinas de la fiscalía general de la República (FGR). “¡Me están levantando!”, gritó mientras los policías lo sujetaban para esposarlo. “¡Me falta el aire!”, “llama ambulancia”, exclamó a todo pulmón, en su español mal pronunciado, mientras lo subían a una camioneta blanca. El detenido se llama Florian Tudor, un rumano conocido como “El Tiburón”. Desde hace 10 años él opera en México y en varios países una mafia dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en puntos de alta demanda turística cuyas ganancias han sido estimadas por autoridades entre 55 y 60 millones de dólares.
La detención de Tudor fue a petición del gobierno de Rumania que lo llevará a juicio por delincuencia organizada, lavado de dinero y homicidio -perpetrado contra uno de sus cómplices-. En México hay investigaciones en su contra, la Unida de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado sus cuentas bancarias y, eso justamente, resulta inquietante: que se vaya sin que sea revelado quiénes y cómo lo protegían desde los gobiernos -locales, municipales y federales- y políticos actuales como lo ha dicho Alberto Capella, ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.
¿Quiénes fueron sus cómplices? Esta respuesta deberán responderla en la fiscalía general de República (FGR) y en el gobierno de Quintana Roo.
Uno de sus recientes centros de operaciones estaba en Cancún, Quintana Roo. La Rivera Maya se había convertido en uno de sus sitios preferidos. En Cancún, Playa del Carmen, Tulum, pero también en otras partes del país como Puerto Vallarta (Jalisco) y Tijuana (Baja California) -frontera con Estados Unidos- colocaron no menos de 100 cajeros automáticos sistemas electrónicos de alta tecnología y una cámara de video que copiaban los datos de las tarjetas bancarias y las claves para retirar dinero.
Su banda, con esa información, hacía nuevas tarjetas, falsas, pero con información real. Luego esperaban tres meses para sacar dinero o usarlas, pero en otros países. Si el dueño de la cuenta era mexicano, la operación de hacia en Estados Unidos o en Rumania, por ejemplo. Esta era su estrategia para dificultar que las autoridades les siguieran a pista.
Luego había que lavar el dinero: “El Tiburón” y sus cómplices compraban inmuebles para remodelarlos o sobre terrenos nuevos levantaron edificios para venderlos. Algunos de ellos están en Cancún, de acuerdo con la amplia investigación periodística realizada por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Quinto Elemento y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En esa cobertura titulada “La Banda de la Riviera Maya” -publicada en los primeros días de junio del 2020 – también se documentó como Tudor y sus aliados fueron descubiertos por un periodista estadounidense. Sin embargo, lejos de echarse para atrás continuaron: se deshicieron de los empleados bancarios y de seguridad que les ayudaban a robar los datos de clientes y formaron una empresa llamada Top Life Services a través de la cual firmaron contratos para operar los cajeros con el banco Multiva.
Este grupo financiero se desligó del robo de dinero a través de cajeros. Sin embargo, hay muchos otros cómplices en territorio mexicano, una red de protección sobre Tudor y sus cómplices en las que participaron políticos, “representantes populares en el Congreso, operadores mediáticos y cabilderos de empresas”, de acuerdo con Alberto Capella, ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.
Los cómplices de El Tiburón tienen nombre y apellido. Al estilo de la delincuencia organizada los políticos y empresarios lo dejarán morir solo. La estructura corrupta a caerá a sus pies sin mancharse los zapatos. ¿Lo permitirá el gobierno de López Obrador? Esa historia está por escribirse.
