El enjuiciamiento a expresidentes también puede llevarnos a terrenos desconocidos
Daniel Lizárraga
A unos días de que se realice el plebiscito para saber si los expresidentes de México serán sometidos a juicio por delitos relacionados con la corrupción, el lavado de dinero o violaciones graves a los derechos humanos –entre otros–, nadie en su sano juicio puede dudar de que el ‘Sí’ ganará. La duda estriba en saber cuánta gente saldrá a respaldar esta iniciativa. A contrapié habrá personas que no saldrán a votar, pero por razones de forma y no de fondo. Los problemas vendrán tiempo después, cuando el peso de esa decisión quede sobre las espaldas del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Él y sus colaboradores cargarán con esa pesada loza. La expectativa de quienes quieren ver a los exmandatarios tras las rejas de una prisión o, cuando menos, sentados en el banquillo de los acusados los tendrá bajo la lupa, sin reparo ni descanso alguno.
En ello, deberán andar con pies de plomo para decidir en qué casos hay pruebas para llevar sus carpetas de investigación ante los tribunales y en cuáles no será posible; ya sea porque no hay forma de comprobar los delitos o porque estos prescribieron.
Si en algunos casos el tiempo legal para castigar a algún expresidente ha expirado, la Fiscalía General de la República (FGR) y también el Gobierno en general deberán buscar la manera que esa información sea pública; tenemos el derecho a saber la verdad.
El enjuiciamiento a expresidentes también puede llevarnos a terrenos desconocidos. Miremos lo que sucede en Guatemala: el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval fue despedido por la fiscal general Consuelo Porras. Un personaje de su perfil, que encarceló al expresidente Otto Pérez Molina y aprehendió al exmandatario Alfonso Portillo, quien luego fue extraditado a Estados Unidos, era demasiado incómodo para el Gobierno del actual presidente Alejandro Giammattei.
Ya en El Salvador, refugiado, Juan Francisco Sandoval declaró en una entrevista con El Faro que su despido responde a intereses oscuros del actual presidente y de su exjefa Consuelo Porras.
Largo ha sido el camino en Guatemala para esclarecer los casos de corrupción al más alto nivel. México quizá esté, en unos días, iniciando un proceso del que no hay certeza cómo pueda terminar y cómo habrá de desarrollarse. Desde luego, bajo cualquier perspectiva, los delitos del pasado, al más alto nivel oficial, deberán conocerse y castigarse, cuando sea posible. Pero esta ruta irá más allá del Gobierno de López Obrador. Los juicios serán largos.
Aun cuando alguno de esos expresidentes sea encarcelado, desde prisión pueden seguir dando coletazos como sucedió hace unos días en El Salvador, cuando el expresidente Antonio Saca salió de su celda para ser llevado ante la Asamblea Legislativa, donde dio nombres de quiénes recibieron sobresueldos, mayores a 10 mil dólares mensuales, durante su Gobierno, y desde luego omitió a aquellos que ahora responden a los intereses de Nayib Bukele, el actual mandatario.
La presión ciudadana para los delitos cometidos en el pasado no debería agotarse con salir a votar. Eso será apenas el inicio. Lo difícil será presionar, quizá durante años, lo que sea necesario para saber la verdad, y presionar también con el voto en las urnas y denunciar a quienes no cumplan con su trabajo, cuando venga el caso.
