Jorge Camacho

El domingo 1 de agosto, fui temprano a la tienda. Me puse a platicar con doña Rosario, una señora mayor, con quien ‘discutía’ sobre qué fruta llevar. En medio de la plática me preguntó, ¿oiga y eso de la consulta y de votar para qué es? Después de mi breve explicación, se llevó la mano a la boca tratando de contener la risa y me dijo: “¡Ay, joven! ¿Usted cree que van a llevar a juicio a políticos y expresidentes? En México se cometen atropellos todos los días y no pasa nada. Los políticos son los mismos de siempre. Ni modo que se metan a la cárcel ellos mismos”.

Aquí algunos datos. El 92 por ciento de los delitos que se cometen en México no se esclarecen. Ya sea porque no hubo denuncia, porque no se puso en marcha la indagatoria o porque la carpeta de investigación quedó mal integrada. Del 8 por ciento de los casos restantes, donde sí pasa el expediente a un juez, en siete de cada 10 no hay un culpable detenido o no hay un daño reparado o un hecho esclarecido. Esto nos ubica en el lugar 60 de 69 países del Índice Global de Impunidad 2020.

Por aquí deberíamos empezar, por arreglar el proceso ministerial y judicial para que la justicia se aplique a todos por igual, sean expresidentes o no, y vivamos en un país con verdadero Estado de derecho.

Hace unos días, el presidente López Obrador señaló los delitos, que, a su juicio, se deben imputar a cada expresidente y que fueron el motivo de la consulta popular.

Salinas, “porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados”.

Zedillo, “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda”.

Fox, “porque engañó al pueblo y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón”.

Calderón, “porque declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres.

Había instrucciones de rematar a heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos”.

Peña Nieto, “por los actos evidentes de corrupción. Ahí está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando que, por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la Reforma Energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición”.

Nos preguntamos. Si el presidente ya tiene tipificados los delitos, ¿por qué no interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y comenzar con el proceso de investigación?

La consulta popular de este fin de semana no modifica en nada la responsabilidad de la FGR y del Poder Judicial, que, con o sin consulta, tienen la obligación de hacer las indagatorias y llevar a juicio a quienes sean responsables de un delito, sean expresidentes o no.

La aplicación de la ley NO se somete a consulta.

Entonces, ¿para qué hacer algo que costó 520 millones de pesos y que a todas luces fue un fracaso, pues solo participó el 7 por ciento del padrón electoral? Esto lo sabremos en los próximos días, pues el presidente, con su habilidad política, sabrá acomodar los resultados de la consulta a favor de su agenda. Seguro que tendrá material para llenar las mañaneras de retórica populista, llena de ideología, pero carente de estrategias sólidas para generar mayor bienestar a la población.

La creación de una Comisión de la Verdad sería el paso ideal para mantener la atención en el pasado por años, creando ilusiones que alimentarán el espíritu revanchista de un pueblo dolido por la marginación y que está atento de ver cómo su paladín hace justicia contra esos enemigos neoliberales. Sin embargo, esto no cambiará su situación de pobreza o de falta de oportunidades. Será ‘pan y circo’.

Desgraciadamente sigue pasando el tiempo y el Gobierno federal no traza un camino claro para la recuperación económica, para contar con mejores servicios de salud, de educación, infraestructura o turismo, que repercutan favorablemente en el bien común.

Para la estrategia política del presidente es más conveniente ‘cambiar’ el pasado que hablar y comprometerse con lo que está sucediendo en el presente o  de lo que se planea para generar un mejor futuro para México.

Y sí, doña Rosario tiene razón, nada va a suceder con los expresidentes. La impunidad es un gran lastre para el desarrollo de nuestro país, así como la corrupción y la falta de planes estratégicos de largo plazo que eleven el bienestar de nuestro país.

Afortunadamente, en Querétaro vivimos un escenario diferente, pero debemos seguir trabajando y sumando esfuerzos sin caer en confianzas excesivas. El próximo Gobierno estatal necesitará trabajar bajo esquemas de gobierno abierto y participativo, donde, en gran alianza con la sociedad civil organizada, se generen planes estratégicos que brinden mayor bienestar a la población, reduciendo las desigualdades. Así demostraremos que una comunidad unida, y con altura de miras, es capaz de lograr resultados extraordinarios.

Amigo lector, te invito a que sigas participando activamente por el bien común, de tu estado y tu país. No nos detengamos.