Daniel Lizárraga
No hace mucho, apenas el pasado martes 7 de septiembre, sucedió algo poco visto en América Latina: 100 jueces(as) salvadoreños tomaron la calle; durante tres horas atravesaron por cafés, restaurantes, bancos y un centro comercial para llegar hasta la Asamblea Legislativa. Querían enfrentar a la bancada oficialista, manejada por el autócrata Nayib Bukele, para protestar por una reciente reforma que dejaría sin empleo, de un día para otro, a los jueces que tuvieran más de 60 años o, en su caso, más de 30 años de servicio.
Los legisladores del partido Nuevas Ideas los acusaron de corruptos, pero hasta el momento de escribir esta columna no han mostrado públicamente una sola prueba. La bancada oficialista piensa que la experiencia se da en maceta.
Otro de sus pretextos –no podría llamarse de otra manera– fue que es momento de abrirle paso a una nueva generación, pero nadie ha explicado cuál será el proceso selección. No lo hacen por una sencilla razón: quieren jueces a modo.
Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, estaba al frente de la protesta. Desde 1994, él reabrió la investigación de la masacre de El Mozote, al norte del departamento de Morazán. En diciembre de 1981, en plena guerra civil, un batallón de élite dentro del Ejército salvadoreño, apoyado por militares de Estados Unidos, asesinaron a sangre fría a hombres, mujeres y niños campesinos. Esta masacre está considerada como la más grave contra la población civil en América Latina.
El 10 de diciembre de 1985, el batallón Atlácatl –así eran conocidos esos militares– llegaron a El Mozote buscando a guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). En ese poblado no había más que unas 30 casas construidas alrededor de una pequeña plaza, una iglesia católica y, detrás de esta, una vivienda conocida como El Convento, la cual usaban los sacerdotes. Los soldados ordenaron a la gente salir de sus casas y formarse en la plaza para interrogarlos sobre el destino de los jefes del FMLN. A quienes no cooperaban, los torturaron, y cuando estaban convencidos que en realidad nada o muy poco sabían, los asesinaron a mansalva. Se calcula que hubo no menos de mil muertos.
El juez Guzmán ha impulsado esta investigación. En una de sus últimas audiencias dejó fluir la información que comprobó cómo oficiales de alto rango del Ejército de Estados Unidos, durante el Gobierno de Ronald Reagan, siempre supieron lo ahí sucedido y callaron.
El juez Guzmán iba al frente de la marcha del pasado 7 de septiembre y cumplirá 62 años al final del 2021. Pronto, el Gobierno de Bukele se percató que no podía sacarlo de este caso y entonces recularon. Él se quedaría en su puesto, la única excepción de la que se tiene noticia hasta ahora. Sin embargo, el juez les plantó cara: dijo que no continuará con el encargo a menos que se restituya a todos sus colegas.
“Admitir el trato excepcional sería estar avalando las ilegalidades cometidas”, dijo el juez en una entrevista con el reportero de El Faro, Nelson Ruanda.
Durante semanas, el bukelismo anduvo con el rabo entre las patas. No daban cómo enfrentar la postura del juez Guzmán hasta que finalmente el propio presidente escribió en su cuenta de Twitter: “Es TOTALMENTE FALSO (sic) que se haya despedido al juez que investiga la masacre de El Mozote. Esto ya no es ni siquiera periodismo parcial o activismo: esto es basura. Mienten descaradamente para favorecer la agenda del que patrocina a estos medios”.
Bukele trata de apuntar hacia otro lado, como si la reforma para destituir a los jueves mayores de 60 años hubiese sido acompañada de una excepción. El presidente salvadoreño, antes que asumir sus errores, descarga su furia contra el reportero que entrevistó al juez. Nelson Ruanda conoce como pocos periodistas el caso de El Mozote, pero, en este caso, no hizo más que plasmar las palabras del juez en El Faro. Bukele a esto le llama “basura”, porque no secunda sus malas decisiones. El periodismo para él debe quemar incienso a cada programa oficial.
