Jorge Camacho

La Reforma Constitucional al sistema eléctrico mexicano presentada por el Poder Ejecutivo al Legislativo pretende cancelar los contratos vigentes que se tienen con la iniciativa privada, lo que llevaría a México a tribunales nacionales e internacionales, por la violación a las leyes mexicanas y tratados internacionales como el T-MEC.

Una primera estimación sobre el monto de las indemnizaciones que México tendría que pagar asciende a un billón 700 mil millones de pesos. Esto equivale a 1.7 veces el presupuesto programable para el IMSS propuesto para el 2022, o 4.6 veces el presupuesto de la SEP. Dinero que no existe y que, de cualquier manera sí se pagará con deuda. Al final del día, el dinero sale de los impuestos que todos nosotros pagamos producto de nuestro trabajo.

Las afectaciones a las inversiones de la iniciativa privada que provocaría la reforma se suman a la cancelación del NAIM y de la planta de la empresa cervecera Constelation Brands, a la suspensión de licencias para la importación y comercialización de combustibles y al cierre de terminales privadas para el almacenamiento de hidrocarburos, entre otras, lo que vulneran el Estado de derecho poniendo en entredicho la seguridad de seguir invirtiendo en México.

Estamos todavía en medio de la pandemia de la COVID 19 y el Riesgo País se ha incrementado en 10.8 por ciento en los últimos cuatro meses como consecuencia de la incertidumbre que aún prevalece por sus efectos en la salud y en la economía. Se comienza a sentir una desaceleración en el consumo y aún no se han visto los efectos colaterales de mediano y largo plazo. En lugar de crear programas que estabilicen y den certidumbre al desarrollo económico y social del país, el Gobierno federal lanza esta reforma que traería alzas en las tarifas eléctricas de los hogares y las empresas, desabasto y apagones, además de las demandas multimillonarias.

En este escenario kafkiano, los inversionistas voltearán a ver otros países más estables, donde les brinden certidumbre y seguridad a sus inversiones.

Por ello, exhortamos a los diputados y senadores que, en representación del pueblo mexicano, rechacen esta reforma constitucional por dañar nuestros intereses particulares y de país. Les pedimos que generen mesas de análisis con expertos y todos los involucrados, para que determinen las áreas de oportunidad de mejora de nuestro sistema eléctrico y modifiquen las leyes en la materia buscando el bien común de todos.