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18 de mayo 2022

Daniel Lizárraga

En los tiempos que corren hay que estar atentos para escuchar lo que opinan las audiencias cuando una noticia llega a sus manos. Las redes sociales, sin duda, se han convertido en una de las mejores maneras de tomar el pulso de la gente, en cuanto a información pública se trata.

El caso de Debanhi Escobar es significativo en esa tesitura. El periódico El País publicó el pasado 12 de mayo el resultado de una segunda autopsia en la cual se demuestra que la joven neolonesa sufrió de abuso de abuso sexual y fue asesinada, a contrapié de la línea de investigación más sólida que, al menos públicamente, decían tener las autoridades: un accidente.

El País tuvo acceso a esa segunda necropsia y justo ahí es donde se generó todo un debate. En el periodismo las filtraciones han sido, desde siempre, una manera de revelar algo que está oculto y que alguien, por alguna razón, ha mantenido en secreto. Las filtraciones son una fuente constante de información. El caso más emblemático de lo que ahora conocemos como periodismo de investigación fue el Watergate que derivó con la caída del presidente estadounidense Richard Nixon.

Las filtraciones se investigan, no se publican tal como llegan a nuestras manos. Uno de los primeros pasos consiste en verificar que el documento. La segunda autopsia al cuerpo de Debanhi Escobar no era falso. En eso, no debería existir duda porque de otra manera, el padre de la joven (que pagó por ese análisis post mortem) y las propias autoridades hubieran desmentido a ese periódico.

El debate, sobre todo en redes sociales, debería centrarse en otros terrenos. ¿Los resultados eran importantes a la luz de los hechos? ¿Había información que la sociedad tenía derecho a saber y alguien o algunos la mantenían en secreto? A juicio de quien escribe esta columna sí se trató de un asunto de interés público.

Esto, desde luego, no es un asunto menor, pero conviene observar algunas de las reacciones. Mario Escobar, el padre de la joven asesinada, ha protestado por la filtración e incluso pidió la cabeza de las autoridades que pudieran estar involucradas. Las razones de él son comprensibles por terrible momento, sin embargo, el caso ha sido motivo de críticas hacia los funcionarios de Nuevo León y, en este sentido, se ha convertido en algo que supera con mucho la esfera de lo privado.

En el centro de la discusión está el papel de quienes intervinieron en la investigación oficial, es decir, en un tema de interés público porque su actuación afecta el funcionamiento de una sociedad.

En el caso de Debanhi Escobar, El País poner por delante información valiosa que, de otra manera, hubiera permanecido dentro de alguna gaveta. Reporteros y reporteras que han cubierto en el terreno de los hechos este feminicidio habían tratado de obtener sin éxito esa segunda autopsia. Esto se había convertido en una de sus prioridades ante la versión poco creíble de que ella había caído por accidente en una cisterna abierta en los alrededores del motel Nueva Castilla.

Y, por esa misma razón, la crítica del presidente López Obrador está fuera de lugar cuando dijo en una de sus conferencias de prensa: “es inmoral lo que se hace de traficar con el dolor de la gente”. No puede calificarse así a El País por revelar algo de interés público. Por el contrario, ese medio de comunicación cumplió con su obligación de informar.

El debate quizá está en la manera de hacerlo hizo público. En redes sociales se ha mencionado que ese texto revictimizó a Debanhi y su familia. Hay que escuchar. Los detalles del abuso sexual pudieron eliminarse para evitar esas críticas atendibles. El periodismo, como toda actividad humana es perfectible. Sin embargo, la información era de interés público.

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