En el show mañanero del pasado viernes, el standopero de Palacio Nacional expresó, al “informar” sobre la situación de los mineros atrapados en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila: “no perdamos la esperanza”. La frase me recordó su lema de campaña “La esperanza de México” y al mismo tiempo, al ver cómo está el país, sentí tristeza por los mineros y sus familias.

La minería es una actividad de riesgo. Miles de trabajadores mueren al año en el mundo a causa de accidentes laborales en las minas, ya sea por derrumbes, explosiones o asfixia por gases, entre otras causas. Accidentes mineros han ocurrido, entre otros países, en Chile, China, Francia, Rusia, Colombia, India y, desde luego, en México, particularmente en el Estado de Coahuila. Quizás el más recordado sea el de Pasta de Conchos, en Sabinas, el 19 de febrero de 2006.

Diez y seis años después de esa tragedia, el asunto sigue siendo recordado y empleado como instrumento político por parte del actual gobierno, sin importar el dolor que aún prevalece entre los familiares de los mineros que quedaron sepultados.

Bajo ese tenor, el 1 de mayo de 2019, se instruyó a la Secretaría del Trabajo y a la Comisión Federal de Electricidad a «no descansar hasta lograr el rescate» (En Pasta de Conchos). El presidente dijo: “Ahora que estuve en Sabinas mencioné que si es necesario voy a hablar con los presidentes de Estados Unidos, de China, con la canciller de Alemania, Ángela Merkel, porque son los países que tienen más desarrollo tecnológico en cuanto a minas de carbón y si se requiere les vamos a pedir que nos ayuden”.

Sin embargo, nunca se supo del contacto con otros presidente, pero en agosto de 2020, el presidente López ofreció a las familias de Pasta de Conchos una indemnización de 3.7 millones de pesos para cada una, y las fechas para el inicio los trabajos de rescate se han ido moviendo: Primero, la Secretaría del Trabajo indicó que en octubre de ese año se empezaría con la recuperación de los 63 cuerpos, aunque la ruta para las labores de rescate aún no estaba trazada. En 2021, las familias de las víctimas dieron a conocer que, según el plan de la CFE, los trabajos de rescate iniciarían en 2022 y concluirían dos años después.

El tiempo pasa, no ha habido rescate, y la situación vuelve a cobrar vida con lo sucedido la semana pasada. Al igual que en 2006, las investigaciones se realizan con cierta reserva y aparentes irregularidades emanadas, en principio, del desconocimiento del real propietario o concesionario de la mina y la demora para iniciar las labores del recate.

La noticia no es que quedaron atrapados 10 mineros o de que se está procediendo a su rescate; la noticia es que a lo largo de los años, ningún gobierno (y menos el de la pobreza Franciscana) han hecho algo por mejorar las condiciones en las que los mineros trabajan, tanto en términos salariales y de seguridad, como con una fuerte legislación que tienda a regular la prevención y la operación de las minas, imponiendo severas sanciones por incumplimientos a los propietarios o concesionarios.

La explotación de tierras y mano de obra se debe a una dinámica global que comenzó hace 500 años, cuando empresas extranjeras vinieron a explotar los recursos naturales y, sobre todo, a las personas. Mientras no exista un proyecto nacional que busque la democratización en cuestiones de educación y empleo justo, mientras se siga explotando los recursos naturales y humanos sin ningún interés y respeto por la vida, esta dinámica seguirá funcionando. Pero cuando el gobierno se mueve en la opacidad, la situación no parece tener una solución inmediata.

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