Además de insistir demagógicamente en la “defensa de la soberanía”, la presidenta Sheinbaum no se ha cansado de solicitar “pruebas contundentes” respecto a las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. contra funcionarios mexicanos: “A nadie se le persigue si no hay pruebas” / “Aquí no se juzga a nadie sin pruebas.” Y en un intento por modificar la agenda mediática, lo mismo se tomó una foto en un balcón de Palacio Nacional con BTS, que ha insistido en el tema Chihuahua y los agentes encubiertos o el calendario de la SEP, pero ya no pide que hablen de García Luna.
En cuanto a “Aquí no se juzga a nadie sin pruebas”, la señora Sheinbaum aprueba la prisión preventiva oficiosa, que obliga a encarcelar a personas acusadas de ciertos delitos sin necesidad de pruebas sólidas, y vaya que hay muchos en esa situación. En una búsqueda en ChatGPT, en México no existe una cifra oficial única de cuántas personas han sido detenidas, investigadas y juzgadas sin pruebas en los últimos 7 años, pero los datos disponibles muestran que decenas de miles enfrentan procesos con acusaciones falsas o pruebas fabricadas.
Según INEGI y reportes recientes, entre 85,000 y más de 100,000 personas han estado privadas de la libertad sin pruebas sólidas ni sentencia, o con procesos fabricados, y cerca del 44% de los internos afirma haber sido acusado falsamente. La cifra exacta no está disponible porque el Estado no reconoce oficialmente “detenciones sin pruebas”, pero los datos de INEGI y organismos internacionales permiten dimensionar la magnitud del fenómeno.
Pienso que si el gobernador de Sinaloa con licencia es inocente, como afirmó en su última aparición pública, no tendría por qué temer a comparecer ante las autoridades de Estados Unidos (las de México, al parecer, ya lo protegen). Quizá su único miedo sea el de perder la vida en un asalto nocturno en una gasolinería o en alguna extraña circunstancia. Tal vez por eso tiene protección de la Guardia Nacional, aunque no comparezca.
Por lo que toca al distractor de que se sigue investigando lo sucedido en Chihuahua, es evidente que, mientras se llama a comparecer a cerca de 50 funcionarios de aquel Estado para aclarar la presunta intervención de agentes extranjeros en el desmantelamiento de uno de los mayores laboratorios de droga (15 hornos y capacidad de producción de millones de metanfetamina), a quien es presunto cómplice de narcotraficantes no se le llame ni para un simple interrogatorio, con el argumento de que no hay pruebas.
Parece que la memoria de la Señora Sheinbaum es de corto plazo porque es notorio que ya olvidó lo que expresó en el zócalo de la Ciudad de México el pasado diciembre: “Lo que no puede volver a ocurrir en nuestro querido México es regresar al tiempo de los privilegios, cuando la justicia se repartía selectivamente y el gobierno era un instrumento de unos cuantos”. (Milenio Dic. 6/2025).
La justicia en México, más que en otros sexenios, es selectiva y está al servicio de unos cuantos. Presuntos inculpados que gozan de privilegios son evidencia de ello.