La justicia pronta y expedita en México siempre ha sido un anhelo, no siempre plasmado en la realidad. Los procedimientos en materia civil y familiar tenían una regulación en cada entidad federativa, y por ello, no todos teníamos el mismo trato, había personas que, por vivir en un estado, gozaban de procesos mas baratos, rápidos y justos que quienes vivían en otro estado, con una legislación de menor eficacia.
Por ello, desde principios de este siglo, academia, sociedad civil e integrantes de los poderes judiciales locales, empezaron a pugnar por un código de procedimientos civiles y familiares que se pudiera aplicar en todo el país, recogiendo, desde luego, las mejores prácticas estatales.
En 2015, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) organizó en conjunto con el Gobierno Federal, foros de consulta en materia de justicia cotidiana con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil; con la finalidad de elaborar propuestas y recomendaciones para hacer más eficaz el acceso a la justicia en México.
En las conclusiones de estos foros, y que se retomaron por el Congreso de la Unión, resaltan que la multiplicidad de procedimientos genera importantes desigualdades para las personas ante la ley, lo que se traduce en inseguridad jurídica. Además, los distintos códigos procedimentales vigentes impedían que la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial federal adopte interpretaciones judiciales uniformes.
Afortunadamente, estos trabajos consiguieron un fruto tangible, el pasado 7 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de observancia general en todo el territorio nacional, y que tiene por objeto establecer la regulación procesal civil y familiar, con base en los derechos humanos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Este nuevo Código permitirá́ minimizar las formalidades, privilegiando la solución eficaz de los conflictos en las actuaciones judiciales y eliminar la diversidad de criterios judiciales, y definir nuestras normas nacionales en un alto estándar internacional en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo que permitirá́ mejorar y agilizar el desarrollo de la materia familiar.
En otras palabras, con este Código, esperamos que cuando, desafortunadamente, alguien que vive en cualquier municipio del país, tenga un pleito civil o familiar, como divorcios, adopciones, pagos de renta o incumplimiento de contratos, tengan las mismas reglas, para que se solucionen pronto y de la manera más justa posible.