En los últimos días mucho hemos escuchado acerca de la reforma al Poder Judicial, propuesta por el hoy presidente de la República, algunos a favor, otros en contra, lo cierto es que se trata de una reforma sumamente transcendente por lo que será necesario que la próxima Legislatura escuche y no solo eso, sino que tome en cuenta realmente la opinión de expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil que mucho pueden aportar en el mejoramiento al Poder Judicial y consecuentemente en el acceso a la procuración e impartición de justicia de quienes menos tienen en nuestro país.
Si bien, la reforma planeta varias modificaciones, lo que ha causado más polémica es la propuesta del método de elección de los integrantes del Poder Judicial, que busca fundamentalmente que ministros, magistrados y jueces puedan ser electos mediante voto popular, para lo cual tendrían que llevarse a cabo comicios cada tres años de manera concurrente con las elecciones federales; por lo que, los candidatos a estos cargos tendrían que ser propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
Si bien, no existe un método de elección perfecto, esta propuesta ha encendido las alarmas de los poderes judiciales federal y locales, de la academia y de asociaciones de abogados quienes cuestionan la politización del Poder Judicial, así como los riesgos de las campañas electorales que van desde la intromisión de grupos de interés y la delincuencia organizada en la impartición de justicia.
Y como si lo anterior fuera poco, esta reforma resultaría muy costosa, ya que, de acuerdo con el Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representaría un costo de alrededor de 22 millones de pesos; que bien podrían canalizarse a verdaderas acciones de mejora sustantiva de la función judicial. Pero además de ello, debemos considerar que la propuesta plantea despedir casi mil setecientos juzgadores federales y más de cinco mil jueces locales, a lo que sin lugar a dudas se sumará el despido de otros servidores públicos, por lo que tendríamos que presupuestar sus liquidaciones conforme a la ley.
Es evidente que la justicia no está, ni puede estar relacionada con la popularidad, esta reforma no solo atenta contra la autonomía e independencia del poder judicial, lo somete a un control político innecesario, pues en muchos casos los jueces podrían sentirse comprometidos u obligados a resolver casos a favor del poder político o económico e incluso a favor de la delincuencia organizada en medida que se acercan las elecciones.
Trabajemos en una verdadera reforma que fortalezca al Poder Judicial y no que lo exponga grupos políticos, de interés y de la delincuencia organizada.
