El pasado lunes 28 de agosto, la ministra presidenta Norma Piña celebró sesión donde estuvieron representados además de la Suprema Corte (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral (TE); en dicha sesión se presentó el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación, que contempla solicitar un incremento del 4% real para 2024.

Lo anterior, a fin de cumplir con sus obligaciones y garantizar el acceso a la justicia ya que, de acuerdo con la propia ministra de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial han disminuido 15.4% en términos reales.

Como era de esperarse, al día siguiente en la mañanera el Presidente no perdió oportunidad de criticar y descalificar a los ministros al considerarlos como prepotentes y arrogantes, y los cuestionó por no presentar un proyecto de presupuesto de 2024 para el Poder Judicial con austeridad.

Es evidente que no le asiste la razón al presidente cuando pide austeridad en la defensa de personas en situación de vulnerabilidad a través de la defensoría pública; cuando quiere que se ahorre en la protección de los derechos humanos; además que, de recortar los recursos al Poder Judicial implicaría una demora considerable en la atención de juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. De hacerlo se pondría en riesgo el Estado de Derecho, afectando a los más vulnerables de nuestro país.

Pero además de estas funciones, para 2024, se llevará a cabo el proceso electoral para más de 20 mil puestos de elección popular, donde el Tribunal Electoral será responsable de dar estabilidad democrática a nuestro país.

Por otro lado, tiene la encomienda de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral que implica dar cumplimiento a las reformas aprobadas por el Congreso Federal que atienden las obligaciones internacionales asumidas por el estado mexicano con la suscripción del T-MEC.

Además de que le corresponderá implantar los medios alternativos de solución de conflictos y la oralidad en los juicios que prevé el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares.

Por ello, es que, una reducción arbitraria a su presupuesto atentaría contra su autonomía e independencia, pues es gracias a estos atributos que la Corte puede realizar sus funciones sin someterse a la voluntad del gobierno en turno o de algún otro poder, evitando todo tipo de presiones sobre ella. Avalar una reducción presupuestal a la corte injustificada implicaría ponerla en una situación de subordinación y dependencia.

Por ello, es que no basta con enunciar la justicia en discursos e importantes normas, debemos asignar recursos para garantizarla.