Hágase la Ley en los bueyes de mi compadre: Estrella Rojas Loreto

El pasado 18 de octubre fue aprobada en Cámara de Diputados, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, propuesta por Morena, mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para establecer que en el Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al fondo para el mejoramiento de la administración de justicia.

Es evidente que esta reforma es una venganza política del Presidente y su mayoría en la Cámara de Diputados por los fallos emitidos por el Poder Judicial de la Federación en contra de los decretos y leyes inconstitucionales que han emitido. Se trata de un golpe político.

De acuerdo con Morena, extinguen los fideicomisos bajo el argumento de acabar con la corrupción y el dispendio al Poder Judicial, sin embargo, el Presidente no ha dado prueba, ni ha presentado denuncias por corrupción al interior del Poder Judicial.

Es evidente que los afectados serán, no los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ha señalado el Presidente de la República, sino el personal operativo que ahí labora y quienes acudimos al Poder Judicial en búsqueda del derecho de acceso a la justicia.

Ya que, de acuerdo con información de la propia SCJN, al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos derechos adquiridos están reconocidos, en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, así como distintos instrumentos legales. Por lo que, los recursos que integran estos fideicomisos se requieren para el aseguramiento de los derechos de los trabajadores, tanto en el presente como a futuro.

La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial sí limita su operatividad y, con ello, el derecho al acceso a la justicia, pues además de los fideicomisos que cubren obligaciones laborales y de seguridad social, existen otros que se utilizan para financiar, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, por lo que a extinción de estos fondos afecta la implementación de las reformas y, los compromisos del Estado mexicano.

Existen otros fondos que se destinan a proyectos de infraestructura, lo que beneficia, no solo a los trabajadores del Poder Judicial, sino a los usuarios que acuden a que se les imparta justicia.

La administración de los fideicomisos es transparente, cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, y es consultable por cualquier persona que quiera conocerla.

El presidente quiere extinguir los fideicomisos del Poder Judicial, acusando que fomentan la corrupción, pero crea tres fideicomisos que serán administrados por las Fuerzas Armadas para el Tren Maya… ¡vaya contradicción!