Mientras la obra pública, antes de 2018, se gestionaba mediante un mecanismo abierto, para que todos los municipios y estados del país pudieran participar o acceder a los recursos disponibles, a partir de esta administración federal se adjudicaron muchas obras bajo mecanismos de “precio alzado” o “adjudicación directa” y no por licitación pública abierta, que, cuando sí fue el caso, proporcionaban unas bases de licitación con información insuficiente y escueta para que no cualquier empresa tuviera las posibilidades de participar.