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25 de junio 2024

Mario Maraboto

El 23 de agosto de 2018, durante una reunión en el Palacio de Minería con Científicos y académicos de la UNAM encabezados por el entonces rector Enrique Graue, y en presencia de la ya designada titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, AMLO, como presidente electo, afirmó: “Vamos a apoyar mucho la investigación, de modo que tengamos disponibilidad de recursos”.

A escasas semanas de que termine su mandato, le realidad en cuanto al citado apoyo a la ciencia y tecnología quedó en buenos deseos con una administración del Concyt plagada de irregularidades y en donde lo que menos se vio fue el apoyo del estado a la investigación científica, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Sólo en el primer año de su gestión, Álvarez-Buylla fue criticada por designar en puestos relevantes a personas sin formación científica y/o sin título universitario; una de ellas, que sería responsable de temas de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, sólo tenía un título de Diseñadora de Modas, lo que fue cuestionado inclusive por la actual presidenta electa y motivó su despido al tercer mes.

Pero en cuanto a apoyos económicos, a mediados de 2019, un numeroso grupo de investigadores y científicos solicitó al presidente de la República «terminar con las reducciones presupuestales». Asimismo, un grupo de estudiantes de doctorado becados por el CONACyT en el extranjero denunció públicamente que los apoyos financieros habían sido suspendidos de forma arbitraria.

En su segundo año excluyó la Biotecnología como una de las comisiones dictaminadoras del Conacyt, y fue criticada por su defensa de la desaparición de fideicomisos públicos de ciencia, porque, dijo, eran una herramienta que propiciaba la corrupción. Para el primer trimestre de 2021 impulsó una reforma general al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para restringir la entrega de apoyos económicos a investigadores adscritos a instituciones privadas.

En 2020 se le recuerda por acreditar como un desarrollo mexicano la “Vacuna Patria” contra el Covid-19 (se desarrolló en Estados Unidos) y asegurar que estaría lista para su uso hacia finales de ese año (quedó lista a principios de este año). Pero a fines de ese año, la Auditoría Superior de la Federación aseguró, tras realizar diversas auditorías, que el Conacyt retuvo injustificadamente hasta 1,200 millones de pesos de los fideicomisos de ciencia e investigación desaparecidos por decreto presidencial durante 2020.

En aquella reunión de 2018, la UNAM entregó a López Obrador el documento “Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación”, objetivo estratégico para una política de Estado 2018 2024. Al parecer, la presidenta electa rescató ese documento y la semana pasada, anunció la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

La nueva dependencia y el perfil de quien la gestionará representan la esperanza de que esta vez sí será real el apoyo a la ciencia y la tecnología, como uno de los pilares de respaldo a la innovación y el desarrollo económico. Ojalá que así sea.

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