El 29 de noviembre de 2019, a un año de haber asumido la presidencia de la República, mediante un decreto (de los primeros de muchos en este sexenio), AMLO creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), por el que se extinguió el Seguro Popular, con la mira de contar con acceso universal y gratuito a servicios de salud y a medicamentos gratuitos.
La lógica diría que su creación, después de un año de haber asumido la presidencia, obedecía a una estrategia bien diseñada por la que a lo largo del sexenio se darían cambios en organización, estructuras y operación de un sistema federal de salud, conforme lo había ofrecido al inicio de su sexenio cuando expresó: “se destinarán 25 mmdp para poner en marcha un esquema de federalización del sistema de salud”.
Casi cinco años después, a dos meses de terminar su mandato, en su show mañanero del pasado 10 de julio, el presidente reconoció: “Aguantamos, resistimos (las críticas por la compra de medicamentos en el extranjero), y ya eso se resolvió. Y sirvió para eso el INSABI y para otras cosas, pero no era lo que originalmente estábamos pensando”.
Queda claro: pensar no es lo mismo que planear una estrategia (síndrome de este sexenio). El INSABI nació con la promesa presidencial de recuperar clínicas y hospitales abandonados, y dar tratamiento a las enfermedades más difíciles, tales como el cáncer y el VIH, y abastecer de todo medicamento. No era muy diferente al Seguro Popular: «un instrumento para proveer de aseguramiento en salud a la población que no era cubierta por ninguna institución de seguridad social», como lo describió la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
El INSABI entró en operaciones en medio de controversias y dudas respecto a su fiabilidad (igual que lo fue el Seguro Popular); las críticas más puntuales se centraban en el hecho de que el proyecto carecía de una propuesta viable. De hecho, el Seguro Popular fue constantemente criticado por su desabasto de medicamentos, igual que el INSABI. La diferencia fue la forma de operación.
El COVID-19, demostró que el INSABI enfrentaba los mismos problemas que el Seguro Popular: Falta de medicamentos y atención médica deficiente, además de falta de coherencia y estructura. Desaparearlo fue reconocer, desde entonces, que lo que AMLO pensó (¿?) fue un fracaso.
El próximo gobierno heredará, entre otras, una gran deuda con el tema de la salud. El nuevo secretario del ramo requerirá de una gran autonomía de decisión y de acción para poder capitalizar todo lo que su amplísimo currículo dice de él. Mejorar el sistema de salud de manera coherente y realista implica la unificación de todo el sector a nivel federal y libertad de decisión, bajo la premisa de que el experto (con gran reconocimiento en la parte médica y administrativa) es él. Lamentablemente, parece que lograr coherencia en el sistema de salud no se dará, dada la ratificación, por “sugerencia” del actual presidente, del actual titular del IMSS.
El nuevo secretario deberá evitar aceptar decisiones políticas, o podría suceder que en poco meses presente su renuncia, como en su momento lo hizo Carlos Urzúa en la Secretaría de Hacienda. Sus decisiones deberán ser con criterios científicos que lleven a la superación del reto en salud, para evitar seguir con la misma gata pero con diferente nombre.