El cuento de la seguridad nacional: Mario Maraboto

Mario Maraboto

Según el Centro Nacional de Inteligencia (18 de febrero de 2020) la Seguridad Nacional es: “La condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”. De acuerdo con la Ley respectiva, se rige por los principios de: legalidad, respeto a las garantías individuales y transparencia, entre otros.

La misma ley considera que las amenazas a la seguridad nacional (Art. 5) se relacionan con temas de espionaje, interferencia extranjera en temas nacionales, quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación (todos los estados de la República), bloquear operaciones contra la delincuencia organizada, obstaculizar actividades de inteligencia, y actos “tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”. Es evidente que la seguridad nacional tiene que ver con acciones para proteger al país de injerencias, especialmente extranjeras, que puedan afectar la soberanía nacional.

No obstante, con el cuento de la seguridad nacional, en mayo de 2023 el presidente emitió un decreto en el que estipula que “son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo…”, obras y proyectos que, por ser del gobierno, no implican amenaza a la seguridad nacional, al no caer en alguno de los supuestos de la ley enunciados en el párrafo anterior.

Bajo ese pretexto, toda la información relacionada con los proyectos gubernamentales ha quedado reservada por varios años, sólo para proteger el proyecto de “transformación” de la 4T, no la seguridad nacional.

Como resultado, el pueblo (el bueno y el no tan bueno) desconoce, entre otras cosas: Permisos, costos y detalles técnicos de las megaobras del régimen. En el caso del Tren Maya, por ejemplo, Fonatur dijo, en un video de los canales digitales del tren maya, que en los anexos reservados hay información “sensible”, que podría crear especulación en el valor de la tierra y poner en riesgo el proyecto, nada de lo cual se relaciona con la seguridad nacional, acorde con la Ley.

El gobierno ha reservado la información sobre: la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia Militar sobre el operativo contra Ovidio Guzmán, los acuerdos del gobierno con laboratorios en referencia a las vacunas contra COVID-19, los datos sobre un acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de tráfico de armas, el “Informe sobre la venta del avión presidencial y, recientemente, sobre la realidad de lo sucedido con la captura del “Mayo” Zambada, entre mucha otra información. El real riesgo a la seguridad nacional ha sido la absurda política contra el crimen organizado que, contrario a la ley, tiende a “bloquear operaciones contra la delincuencia organizada” y, más bien, a protegerla.

El principio de transparencia que marca la Ley de Seguridad Nacional fue violado por el propio presidente. Al igual que él, Claudia Sheinbaum ha expresado su compromiso con la transparencia (aunque pretende acabar con el INAI), pero ante una serie de factores como el creciente poderío del crimen organizado y el aumento de la violencia, entre otros, el tema de seguridad nacional requerirá de objetivos claros, institucionalización y mayor transparencia, para que la seguridad nacional no quede en un cuento más.