La suspensión en el amparo, surge de la necesidad de frenar, y en su caso, revertir, los efectos de los actos reclamados, mientras se decide sobre su constitucionalidad. Esto garantiza la eficacia de la eventual sentencia.
Contra el proceso de reforma al Poder Judicial Federal y su implementación, se otorgaron suspensiones que fueron desacatadas abiertamente por la Presidenta, el Legislativo Federal y otras autoridades.
Esas medidas mientras no se recurran, su cumplimiento es obligatorio. El INE reportó más de 140 suspensiones que le ordenaron detener la elección de las personas juzgadoras, que hasta ahora no han sido atendidas.
Incumplir las suspensiones es una afrenta directa contra uno de los poderes del Estado, que implica un desdén total al régimen democrático y de derecho. Además, vulnera el derecho de acceso a la justicia, pues si los actos reclamados no se paralizan, pueden quedar consumados, y esto haría ilusoria la protección de la justicia federal.
Si hemos llegado al punto en el que las decisiones judiciales se respetan sólo cuando convienen al poder político, entonces estamos frente a la ruptura del orden constitucional.