La independencia judicial como una de los pilares del sistema de impartición de justicia garantiza que los juzgadores resuelvan conflictos exclusivamente con lo que establece la ley y los hechos probados en el juicio, libres de cualquier presión externa, ideológica, política o económica. Derecho fundamental de los ciudadanos al asegurar una justicia imparcial.
Actualmente en México, esto se encuentra en riesgo con el Tribunal de Disciplina, que no se limita a investigar, vigilar y sancionar a jueces y magistrados por posibles faltas administrativas u omisiones, sino que ha invadido la función jurisdiccional.
Un ejemplo es la resolución que inhabilitó y vinculó a proceso al juzgador federal que frenó órdenes de aprehensión en contra del exgobernador Cabeza de Vaca, como sustento, el cuestionamiento al criterio judicial.
Sin facultades para resolver con libertad, ceñido a una interpretación sana de la ley y a lo objetivamente probado en el juicio, entonces no se tiene un verdadero Estado de derecho, pues la institución no garantiza la imparcialidad, sino que hace valer su autoridad para orientar el sentido de las sentencias en los asuntos relevantes para el grupo político en el poder.