Esta semana concluyó la primera etapa del proceso de elección de personas juzgadoras. El registro de postulantes cerró el domingo con la inscripción de 49 mil 398 personas que desean competir por alguno de los cargos judiciales que estarán en disputa en la elección del 1 de junio de 2025.
Pero la participación de la comunidad jurídica no está exenta de cuestionamientos. El miércoles pasado, cuando faltaban cinco días para el cierre de la inscripción, había poco más de 4 mil registros en total. Desde entonces y hasta el cierre, la cifra creció 12 veces. Además, la gran mayoría de los aspirantes se registraron a través de los Comités de Evaluación del Ejecutivo y el Legislativo.
Solo hay dos posibles causas para esto: el interés de la ciudadanía por participar en la elección se detonó intempestivamente al fin de la semana; o los operadores políticos encontraron la manera de ‘convencer’ a miles de personas para que tomaran parte en el proceso.
La respuesta al dilema es sencilla y pone en evidencia, una vez más, que la prioridad no es llevar a la población una justicia de mejor calidad, sino imponerse a toda costa.