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28 de enero 2025

Mario Maraboto

Desde el pasado mes de septiembre la violencia desatada en el estado de Sinaloa -atribuida por el gobierno a una guerra entre cárteles- ha dejado cientos de muertos y otros tantos desaparecidos.

Para el gobernador Rocha Moya “vivimos perfectamente bien, estamos haciendo todas nuestras actividades…”. Para la presidenta Sheinbaum, “a diario estamos revisando los resultados y avanzando”. Pero la violencia y el gobernador morenista siguen en pie y ni una manifestación masiva y llena de indignación por la muerte de dos niños y su padre llevan a la renuncia del gobernador.

En el viejo PRI, abuelo de Morena, si un gobernador enfrentaba fallidamente alguna masacre o enfrentaba fuertes presiones sociales, prefería renunciar en conciencia y/o a sugerencia del presidente en turno, o enfrentaba denuncias penales, aunque fuera militante del mismo partido.

En 1975, el gobernador de Guerrero, Israel Nogueda Otero fue denunciado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por fraude en la venta de ejidos y terrenos por un grupo de campesinos afectados. El Congreso resolvió la desaparición de poderes en el estado y dictó una orden de aprehensión en contra de Nogueda Otero.

El mismo año un grupo de campesinos sonorenses que reclamaba el reparto de tierras en una de zona agrícola, fue desalojado por órdenes del gobernador Carlos Armando Biebrich. El saldo: siete campesinos muertos. Ante el escándalo, Biebrich renunció a la gubernatura.

En 1989 el gobernador de Tabasco, Salvador Neme Castillo fue acusado de corrupción y fraude por quien fue su rival en la candidatura por la gubernatura (hoy conocido como el EXpresidente AMLO). La presión política a través de mítines, plantones, bloqueos de pozos petroleros, cierre de carreteras y una “éxodo por la democracia” a la ciudad de México, llevaron a Neme a renunciar al cargo.

En 1992, luego de explosiones en el centro de Guadalajara, la sociedad civil reclamó, a través de protestas y desplegados, la renuncia del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, lo que ocurrió a los pocos días por “recomendación” presidencial.

Y en 1995, Rubén Figueroa, Gobernador de Guerrero dejó el cargo luego de la masacre de Aguas Blancas, ante la presión de organizaciones civiles. Su sucesor en 2012, Ángel Heladio Aguirre, renunció al cargo en 2014 por el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Queda claro: Morena no es igual que sus abuelos del viejo PRI. Entonces al menos había preocupación por cuidar la imagen del partido y del presidente en turno y se daban renuncias obligadas. Hoy, no hay renuncias, sólo apapachos y la justificación presidencial de ayer: “nuestra labor no es como antes, en donde la presidenta (sic) decidía a quién ponía, a quién quitaba.”

Sinaloa sigue a la espera de la renuncia obligada.

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