La desaparición de más 400 personas en el Estado Jalisco, provocó que el Ejecutivo Federal anunciara medidas y reformas para atender el problema de desaparición de personas, como la de fortalecer las Comisiones Nacional y Ejecutiva de Búsqueda, protocolos de alerta, equiparar el delito de desaparición al de secuestro, con todo y sus penas y procedimiento de investigación y una publicación mensual de cifras de carpetas de investigación por ese hecho.
Sin embargo, resalta que ninguna de ellas se dirige a la investigación y persecución de este delito, ni mucho menos a su prevención, porque es a las fiscalías, que forman parte del Ejecutivo, a quiénes compete su búsqueda.
Con esa despreocupación en la seguridad de la población, el grupo político muestra su falta de sensibilidad de las necesidades básicas de la sociedad que sin jueces independientes producto de la materialización de la reforma judicial, verán cada día más lejano obtener la sanción correspondiente a quienes cometen esta clase de delitos y en peligro latente de continuar con episodios de inseguridad, al no existir un sistema de justicia integral en todas las instituciones involucradas.