En días pasados el INE emitió un acuerdo que establece los criterios para garantizar la equidad e imparcialidad en las campañas y el proceso electoral del Poder Judicial, en el cual prohibió a los entes gubernamentales realizar promoción y difusión de la elección, porque esto es atribución exclusiva del INE. Esto no agradó al oficialismo.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo presentaron medios de impugnación ante el Tribunal Electoral, a fin de revertir las reglas que ellos mismos definieron al momento de legislar la reforma judicial.
Sin respetar la decisión del INE ni esperar a la resolución del Tribunal Electoral, los dos poderes han incumplido abiertamente la prohibición y están haciendo publicidad a la elección del 1° de junio próximo.
La Presidenta se excusó diciendo que no había sido notificada y el presidente del Senado afirmó que los senadores harán toda la publicidad posible de la elección para fomentar el voto de los ciudadanos.
Sin autoridad electoral capaz de conducir el proceso, es claro que la “elección judicial” puede ser manipulada; lo que demuestra que el objetivo no es la participación ciudadana, sino legitimar como ejercicio democrático, una simulación.