¡Qué desvergonzados son muchos de los políticos, especialmente los militantes de Morena que siguen impulsando la transformación de cuarta! Veamos:
Una ciudadana zacatecana, Rocío Nahle (Río Grande, 1964) llegó a la gubernatura de Veracruz, sin demostrar haber vivido en ese Estado durante los cinco años previos a la elección y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la «Ley Nahle», que buscaba reconocer como veracruzanos a quienes tuvieran hijos nacidos en el estado.
Años atrás, un ciudadano tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, también llegó a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2000, a pesar de la controversia por la inexistencia de documentos que avalaran su residencia de al menos 5 años en la capital del país.
En días pasados, la actual gobernadora de Veracruz, presentó una denuncia por presuntas irregularidades financieras durante la administración de su antecesor, Cuitláhuac García, por un monto que podría superar los 1,600 millones de pesos; pero nadie la ha denunciado por sus irregularidades financieras (sobrecostos de más de 7,000 millones de pesos) por la construcción a su cargo de la refinería que no refina y la adjudicación directa de contratos por al menos 10 mil millones de pesos a empresas de reciente creación.
Desde el inicio de su gobierno, López Obrador prometió que la transparencia sería «la regla de oro» de su gobierno. Sin embargo, en noviembre de 2021 determinó que la realización de proyectos y obras a cargo de su gobierno se considerarían estratégicos y poco después decretó con carácter de seguridad nacional sus obras de infraestructura, por lo que toda información al respecto está reservada, a pesar de su “regla de oro” y aunque ninguna de ellas tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional.
A principios de este mes, el expresidente Ernesto Zedillo publicó una carta proponiendo que las obras emblemáticas de López Obrador tuvieran un proceso de revisión por parte de un auditor internacional independiente para determinar la real relación costo-beneficio y los daños ambientales de cada una pues no hubo estudios de factibilidad, manifestaciones de impacto ambiental, ni proyectos de construcción.
La constructora del segundo piso de la transformación de cuarta rechazó esa propuesta y expresó que las obras insignia de López Obrador no necesitan una auditoría independiente. En vez de ello, la señora Sheinbaum propuso una revisión completa del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) implementado por Zedillo para proteger el dinero de los ciudadanos.
¡Mira quién habla! En el colmo de la desvergüenza, la presidenta refirió que en ese rescate “fue completamente discrecional a quién se le pagaba, cómo y cuánto. Ahí hubo una enorme corrupción”, aunque seguramente está consciente de que sus mismas palabras aplican para las obras de su antecesor: completamente discrecionales “por seguridad nacional”, generaron enorme corrupción, y su costo real, hasta ahora desconocido pero sí muy excedido, lo seguiremos pagando los ciudadanos.