Querétaro frente a la “Ley Espía”: ¿protección o vigilancia sin rostro?: Laura Aguilar

Laura Aguilar Roldán.

En Querétaro, un estado que presume orden, seguridad y liderazgo digital, se ha encendido una alerta silenciosa. La reciente reforma federal que crea la Agencia Nacional de Transformación Digital —popularmente conocida como “Ley Espía”— ha abierto un debate crucial: ¿hasta dónde estamos dispuestos a entregar nuestra privacidad en nombre de la seguridad?

La nueva legislación permite que el Gobierno Federal acceda, sin orden judicial, a datos personales, metadatos y ubicación en tiempo real de cualquier ciudadano. En un país con un largo historial de vigilancia ilegal —como el escándalo de Pegasus—, esta medida despierta más sospechas que confianza.

El impacto en Querétaro es especialmente delicado. Con una de las tasas más altas de conectividad del país (más del 84% de sus habitantes usa Internet), la vida digital forma parte esencial de lo cotidiano: del trabajo al estudio, de la denuncia ciudadana a los espacios de contención emocional. “Muchas mujeres usan su celular como su único canal seguro para pedir ayuda o mantenerse conectadas a redes de apoyo”, señala Karina Ruiz, abogada digital.

Organizaciones como R3D y Article 19 han advertido que esta reforma normaliza la vigilancia sin control judicial. Y aunque en la Cámara de Diputados el PAN votó en contra, la postura pública de los legisladores federales por Querétaro ha sido ambigua. Sin posicionamientos firmes ni acciones legales visibles, la defensa de la privacidad digital parece haber quedado al margen del debate local.

El artículo 16 constitucional establece que “nadie puede ser molestado en su persona o posesiones sin orden escrita de autoridad competente”. Con la Ley Espía, ese principio se diluye. El gobierno podrá monitorear tu ubicación, tus comunicaciones, tus relaciones digitales… sin que tú lo sepas y sin que un juez lo autorice.

¿El pretexto? La transformación digital. Pero la digitalización no puede ser excusa para el control. “No se trata de estar a favor o en contra de la tecnología. Se trata de quién la controla y con qué límites”, advierte Iván Sandoval, experto en políticas públicas.

En Querétaro, donde el discurso de legalidad ha sido una bandera política, esta ley plantea un dilema ético: ¿seremos pioneros en vigilancia legalizada?

En tiempos de hiperconectividad, defender la privacidad no es paranoia: es defensa de la libertad.