El jueves de la semana pasada, luego de conocerse que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó de narcolavado a dos bancos y una casa de bolsa fundada por un excolaborador de primer nivel del EX López Obrador, la presidenta Sheinbaum fijo su posición, muy a su estilo.
Al igual que en otras ocasiones y situaciones, la presidenta dijo que hay que pedir información ya que “en el comunicado (de Estados Unidos) venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”.
En una notoria preocupación, la presidenta insistió en diferentes momentos en un factor que, al parecer al gobierno norteamericano no lo preocupa, la falta de pruebas. De entrada exclamó: “no hay ninguna prueba; son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”; más adelante reiteró: “si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito…el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero” y remató: “Que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no”.
Su insistencia en las pruebas seguramente obedece a una sola preocupación: que empiecen a salir nombres de funcionarios de gobierno. Recordemos que hace 8 meses, el villano favorito de la 4T, Genaro García Luna, fue sentenciado a 39 años de prisión con base a los testimonios de media docena de narcotraficantes que aceptaron fungir como testigos colaboradores. No hubo pruebas, sólo testimonios que, acorde con la Ley de Control del Crimen Organizado de aquel país, son legales y válidos.
Y en los últimos meses, el gobierno de Sheinbaum ha extraditado a los Estados Unidos a varios integrantes del crimen organizado en México, que podrían optar por la figura de testigos protegido a cambio de sentencias más favorables y dar muchos testimonios y nombres que, independientemente de que sean ciertos o no, pueden generar un serio problema de credibilidad al gobierno de la transformación de cuarta. Por eso la petición de pruebas.
Cuando García Luna fue sentenciado, el comentarista Jorge Fernández expresó: “Hay un punto que es fundamental en todo este proceso: que no se presentaron pruebas testimoniales, pruebas materiales. Lo que hay es una suma de declaraciones de narcotraficantes reconvertidos en testigos colaboradores. Y eso genera también un riesgo muy alto por otra razón: fueron aceptados para este proceso y pueden ser aceptados para cualquier otro proceso del futuro”. Parece que ese futuro ha llegado.
Al final de su insistente solicitud de pruebas, la presidenta, al estilo de Echeverría (“ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario”) dijo: “Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas”. Pero la pregunta es ¿el gobierno de Estados Unidos necesita pruebas?