A pesar de la entrega de constancias de mayoría a los candidatos electos para juzgadores federales, salen a la luz más deficiencias que se anticipaban en torno a la reforma judicial. En Celaya, una jueza federal en funciones resultó ganadora en la elección del pasado 01 de junio; no obstante, el INE anuló la voluntad ciudadana para sustituirla por un candidato varón, bajo la excusa de paridad de género.
En años recientes se implementaron políticas para remover los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a estos cargos.
En 2018 se estimaba que, al frente de los órganos jurisdiccionales, el 80 % eran varones y solo el 20 % mujeres; a la fecha, esta cifra aumentó apenas al 30 %. Sin embargo, con la reforma judicial, 224 juzgadoras federales serán cesadas de sus puestos, lo que representa un retroceso frente a los pequeños avances logrados en este ámbito.
La paridad de género, aplicada de forma correcta, es un mecanismo que permite cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y con ello saldar una deuda histórica con este grupo. No es cierto que “llegaron todas”, por el contrario, hoy se les vuelve a poner un “techo de cristal” justo cuando comenzaban a romperlo.