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22 de julio 2025

Mario Maraboto

En las últimas semanas, la presidenta Sheinbaum se ha referido a que se presenten pruebas para proceder en contra de alguien. La más reciente, la semana pasada en referencia al senador Adán Augusto: “nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición”.

Tiene razón la presidenta, si, ante las evidencias no se presentan pruebas, es injusto proceder en contra de alguien. ¿Cuál es la diferencia? Prueba es todo aquello que se presenta formalmente ante una autoridad que la valora para admitirla para demostrar la comisión de un hecho; evidencia es todo dato o indicio que apoya o respalda una hipótesis, teoría o afirmación, y puede ser directa (demuestra el hecho sin necesidad de inferencias), o indirecta (requiere razonamiento adicional).

Una evidencia es, por ejemplo, un video en donde se ve al hermano de un alto funcionario público recibiendo bolsas de dinero “para apoyo al movimiento”, o videos en redes sociales en donde se ve a operadores políticos entregando despensas o acordeones con los nombres de por quienes hay que votar. Para que esas evidencias se conviertan en pruebas, es necesario que se presenten formalmente ante los tribunales.

En política en México, muchas veces primero aparecen evidencias (en medios, redes sociales o investigaciones periodísticas), pero para que tengan consecuencias legales, deben transformarse en pruebas autenticadas, certificadas y admitidas en un procedimiento judicial o administrativo. Un caso muy sonado de evidencia es el del supuesto tráfico de influencias y contratos a los amigos de los hijos del EXpresidente, mostrada en medios como Latinus con la publicación de grabaciones y documentos.

Se sabe que, en marzo de 2024, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, con base en las evidencias, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra dos hijos de AMLO por presunta corrupción en la venta de balasto para el Tren Maya. Según algunos medios de comunicación, la Fiscalía respondió que no existen investigaciones activas ni órdenes de aprehensión contra los implicados, ni se ha confirmado la apertura de una carpeta de investigación pública, o resultados de peritajes certificados. El proceso parece estar detenido sin avances sustanciales dados a conocer a la opinión pública.

Si ello no ha ocurrido hasta ahora con un Poder Judicial con mayor autonomía, es de esperar que se ahondará la oscuridad con nuevos ministros y jueces cuestionablemente “elegidos” por una minoría del padrón electoral. Por eso la confianza de expresar “Si hay pruebas, que las presenten ante la autoridad competente”. La sola evidencia es insuficiente.

La insistencia en solicitar pruebas, da más la impresión de que se prioriza la retórica política sobre la persecución eficaz de posibles actos de corrupción, de que se busca defender a miembros de la 4T, y de que es una barrera artificial que concede impunidad de facto a presuntos responsables. Evidencias sin pruebas permiten que la presidenta sólo hable de dichos y suposiciones.

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