La elección judicial de 2025 no fue una elección: fue un fraude electoral deliberado y estructural. El informe elaborado por el ministro en retiro José Ramón Cossío y el maestro Jorge Alberto Medellín documenta un patrón homogéneo en tres procesos nacionales (ministros, Tribunal de Disciplina y Tribunal Electoral) estadísticamente imposible en condiciones de voto libre. En lugar de la dispersión natural, los resultados replicaron un bloque prediseñado inducido mediante el uso masivo de “acordeones”, anulando la competencia real y despojando de legitimidad al proceso democrático y destruyendo la democracia.
Como señalé en mi columna del pasado martes, para que un movimiento tenga impacto no se necesitan multitudes. Esta elección lo confirma: apenas 12.96 millones de personas participaron y solo 10 millones emitieron un voto válido por los 64 candidatos a ministros de la SCJN. La operación se concentró en estados estratégicos para el oficialismo (Chiapas, Estado de México, Puebla y Oaxaca), donde bastó controlar ciertos municipios y repartir acordeones con instrucciones precisas. La difusión mediática de estos instrumentos, paradójicamente amplificada por la propia oposición, terminó por potenciar su efecto y facilitar su efectividad.
Este fraude no fue improvisado: es la evolución de estructuras y prácticas que ya demostraron eficacia en 2018 y 2024. Su objetivo no es una participación masiva, sino una votación focalizada, financiada y leal, que funciona gracias a la desmovilización de opositores y a la dispersión del voto entre partidos que buscan tradicionalmente abarcar todo el país. Así, una maquinaria aceitada con dinero o violencia consigue imponer resultados sin enfrentar resistencia efectiva. Validar este proceso implica socavar los fundamentos mismos de la democracia y nuestro marco constitucional, rendirse a un poder lejano al pueblo, sectario y que poco a poco desdibuja nuestra identidad.