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2 de septiembre 2025

Mario Maraboto

A lo largo de diversos eventos públicos y conferencias matutinas, la presidenta Sheinbaum ha insistido en la necesidad de contar con pruebas antes de aceptar señalamientos o colaborar en procesos legales.

A raíz de la audiencia en una corte de Nueva York de Ismael Zambada, la presidenta aseguró que “… cualquier tema que tuviera que ver con México tiene que pasar por pruebas y por la FGR”, y enfatizó que “cualquier declaración deberá de estar respaldada con pruebas”. Días atrás, había recordado el caso Cienfuegos y subrayó: “colaboración, coordinación y siempre con pruebas y siempre de manera transparente”.

Lo mismo hizo tras las acusaciones del Tesoro de EE.UU. contra CIBanco, Intercam y Vector por supuesto lavado de dinero vinculado al fentanilo: “Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte un reconocimiento de lavado de dinero” y que “para acompañar cualquier proceso internacional, se necesitan pruebas, no solo declaraciones”. Otros asuntos en los que Sheinbaum ha enfatizado la importancia de las pruebas incluyen investigaciones en sectores financieros y acusaciones mediáticas; en cada caso, enfatiza que no actuará sin pruebas.

A García Luna, el villano favorito de este régimen, lo enjuició el gobierno de Estados Unidos a base de testimonios sin pruebas, pero en el actual régimen en México es al revés: a pesar de las pruebas no se ejerce acción penal. Ejemplos hay muchos: 3,000 acordeones físicos y 374 pruebas digitales que mostraban la distribución masiva de guías de votación, y un minucioso análisis de patrones de voto mecánicos y replicados en todo el país, no evitaron la fraudulenta elección judicial;

Pruebas tuvo el INE con videos sobre la entrega de dinero al hermano de López Obrador en tiempos de campaña (sin considerar las que se conocieron la semana pasada de otros políticos de Morena) y la declaración de AMLO cuando el 21 de agosto de 2020 reconoció que el dinero visto en los videos era “aportaciones para fortalecer el movimiento…” pero no fueron consideradas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, porque, según la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, «No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal…”(Declaración que sólo prueba que nos quieren ver la cara (Se les acusa de corruptos, no de pend..).

La presidenta Sheibaum, evitando entrar en polémicas sobre el caso de Pío López Obrador, solo expresó que el tema de mejorar el rastreo del dinero en efectivo en campañas, lo definiría Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (no la comisión), otra prueba de que, aunque haya pruebas, los cuatroteístas no serán tocados ni con el pétalo de una denuncia. Al final, se trata de pruebas desechadas por presión o interferencia política en los procesos de investigación, aunada a la cada vez mayor debilidad institucional e insuficiente autonomía de la FGR frente al poder político.

Para que la exigencia de pruebas deje de ser un trámite vacío, México necesita: protocolos rigurosos de preservación y cadena de custodia; capacitación técnica de peritos y fiscales (no de acordeón, sino de experiencia); sistemas independientes de supervisión ciudadana; y reformas que garanticen la autonomía plena de la FGR (imposible en la 4T).

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