Reformar sin planeación: Mario Maraboto

Mario Maraboto

El viernes pasado se publicó que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) convocó a los 850 juzgadores federales, electos el pasado junio, a un curso de capacitación de 5 días para especializarlos, con asistencia obligatoria.

Ese es uno de tantos problemas originados por el capricho presidencial de realizar una reforma sin una planeación estratégica, debido a la “urgencia” de eliminar a jueces, magistrados y ministros que, a pesar de deficiencias, consideraban que la Ley sí es la Ley. Aunado a la incapacidad, se generaron designaciones aceleradas y, aunque rindieron protesta el 1 de septiembre, los nuevos juzgadores esperaron hasta 15 días para conocer sus adscripciones, lo que ha entorpecido el inicio de labores y la distribución de carga de trabajo.

Reformar sin planeación derivó en un marco normativo incompleto, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial sufrió alrededor de 400 modificaciones aprobadas en “fast track”, con vacíos legales que están generando inseguridad jurídica y dificultan la operatividad de jueces y magistrados ante el rezago acumulado por el paro laboral de integrantes del poder judicial que pretendían impedir la tristemente célebre reforma.

Diseñar una reforma sin considerar los posibles escenarios que podrían enfrentarse de inmediato y a corto plazo, las posibles acciones correctivas respectivas, y sin una concientización ciudadana previa (más allá de la demagogia presidencial), derivó en una elección con bajísima participación y por tanto poca o ninguna legitimidad electoral, marcada por la influencia de estructuras del partido en el gobierno. El resultado ha sido dudas sobre los compromisos de los nuevos integrantes, su verdadera independencia y riesgo de captura política, además de nuevos espectáculos como el realizado en la pirámide de Cuiculco.

Todo ello, aunado a una verdadera planeación judicial de largo plazo y mecanismos firmes de disciplina interna, puede minar la credibilidad de sus resoluciones y reducir la disposición ciudadana a acudir a la justicia, incrementando el riesgo de impunidad y debilitamiento del Estado de derecho.

La consecuencia de todo ello puede incluir: la percepción de un Poder Judicial capturado por intereses partidistas, retrasos crónicos en la impartición de justicia, casos que queden sin resolver o sin castigo, o la desmotivación y fuga de perfiles calificados profundizando la falta de experiencia (ya se ha reducido en 26% el personal encargado de proyectos de sentencia).

Pero lo más grave es que la incertidumbre jurídica y la percepción de ineficiencia elevan el riesgo de litigios interminables que frenen inversiones y generar sobrecostos en disputas comerciales y sociales.

Quien pudo evitar todo esto sólo dijo en su show mañanero que lo sucedido es un “cambio de era”, y, como su antecesor, ofreció: “voy a respetar la autonomía del Poder Judicial” y que “la presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión.” Supongo que la visita que le hizo el nuevo presidente de la Corte fue de mera cortesía (aunque haya dejado plantados a los organizadores del evento de los “300 líderes” donde sería el orador principal).