Diálogos con la justicia: Vicente Peña

Vicente Peña

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó la adscripción en la que ejercerán sus funciones los 846 jueces y magistrados electos el pasado 1 de junio, quienes comenzaron a ejercer sus funciones a partir del 15 de septiembre de 2025.

Mientras esperábamos dicha asignación, en redes sociales se viralizaron videos de audiencias públicas en distintos procesos que evidenciaban la incompetencia de juzgadores electos por voto popular en la CDMX, todos ellos exhiben un preocupante nivel de desconocimiento jurídico, que ha generado indignación ciudadana.

Estos episodios no son anecdóticos. Reflejan la fragilidad de un sistema que, en nombre de la democracia, abrió la puerta a la elección popular de juzgadores sin garantizar estándares mínimos de competencia. Si quienes deben proteger derechos fundamentales son incapaces de responder con solvencia, lo que se daña no es solo la confianza en el Poder Judicial, sino la certeza misma del Estado de Derecho.

Cuando la imparcialidad se somete a la ignorancia y al cálculo político, el Estado de Derecho se convierte en un escenario de simulación. Y una justicia simulada es, en realidad, injusticia institucionalizada.