Querétaro avanza en educación inclusiva: entre el reto y la oportunidad: Laura Aguilar

Laura Aguilar

En México, hablar de educación inclusiva suele quedarse en discursos y buenas intenciones. Sin embargo, Querétaro comienza a marcar la diferencia frente a otros estados al asumir este tema como una prioridad real y no como un anexo en la política educativa. Los números, las iniciativas y las historias en las aulas lo confirman.

De acuerdo con el Censo de Población 2020, en México viven más de 20 millones de personas con alguna discapacidad o limitación. En el ámbito escolar, la Secretaría de Educación Pública reconoce que apenas el 30 por ciento de los niños y jóvenes con discapacidad están inscritos en algún plantel, y menos de la mitad de ellos logra concluir la primaria. En entidades como Chiapas o Guerrero, la tasa de abandono escolar en estudiantes con discapacidad supera el 50 por ciento.

Querétaro, aunque no está exento de rezagos, ha implementado programas que lo colocan por encima del promedio nacional. El Censo Estatal de Neurodiversidad y Discapacidad – Mil Colores, levantado en 2023, permitió por primera vez conocer con precisión cuántos niños y jóvenes requieren apoyos específicos, dónde viven y qué tipo de acompañamiento necesitan. Esta información, que en otros estados sigue siendo una deuda, se tradujo en la apertura de aulas de apoyo en primarias y secundarias públicas, así como en la capacitación de más de mil 200 docentes en estrategias de inclusión.

Otro dato revelador: mientras que a nivel nacional menos del 20 por ciento de las escuelas cuentan con infraestructura adaptada (rampas, señalética táctil y sanitarios accesibles), en Querétaro esa cifra alcanza ya el 45 por ciento. Municipios como Querétaro, Corregidora y San Juan del Río han destinado presupuesto para adecuaciones físicas, un paso indispensable para que la inclusión sea más que una palabra.

La Universidad de las Mujeres y el Centro de Empoderamiento de la Mujer también han incorporado talleres accesibles para jóvenes con discapacidad auditiva y motriz, algo que en estados vecinos como Guanajuato o Hidalgo aún no aparece en la agenda. A ello se suman alianzas con organizaciones civiles que impulsan desde talleres de lengua de señas hasta capacitación para docentes en detección temprana de dificultades de aprendizaje.

Los avances no son menores si se observa el panorama nacional. En Oaxaca, por ejemplo, apenas se ha capacitado a 300 maestros en inclusión durante los últimos cinco años; en Veracruz, el presupuesto destinado a infraestructura adaptada es de apenas el 1 por ciento del gasto educativo. Querétaro, en cambio, asignó en 2024 más de 100 millones de pesos exclusivamente para programas de inclusión educativa y social, cifra inédita en el país para un estado de su tamaño.

Claro, los retos persisten: falta más personal especializado, los maestros reclaman apoyos para atender grupos diversos y la inclusión en la educación media superior y superior aún está en construcción. Sin embargo, el hecho de que Querétaro se haya colocado a la vanguardia con diagnósticos, presupuesto y políticas públicas, lo diferencia de la inercia nacional.

La educación inclusiva no puede seguir siendo un privilegio o un proyecto piloto. La experiencia queretana demuestra que, con voluntad política, datos claros y coordinación social, es posible garantizar que cada niña y cada niño, sin importar su condición, tenga un lugar real en la escuela. El desafío ahora es sostener este camino y lograr que lo que hoy distingue a Querétaro se convierta en norma para todo el país.