La reciente reforma a la Ley de Amparo entró en vigor con la promesa de modernizar la justicia pero su aplicación genera más dudas que certezas. Lo que antes era una herramienta para frenar abusos de autoridad hoy enfrenta nuevos candados que limitan su alcance bajo el argumento del “interés social” y el “orden público”.
En la práctica esto significa que obtener una suspensión (esa medida que protege a una persona mientras se resuelve el fondo del asunto) será más difícil. En un país donde muchas veces el abuso proviene de aquellos en el poder, debilitar el amparo es debilitar la confianza en el Estado de derecho.
La oportunidad de hacer más eficiente el sistema era legítima pero no puede lograrse a costa del ciudadano. El equilibrio entre autoridad y justicia es delicado y esta reforma parece inclinarse al lado equivocado.
El amparo nació para protegernos del exceso, no para adaptarse a él. Si la justicia se vuelve menos accesible, el mensaje es claro: en lugar de acercar al ciudadano a la ley lo estamos dejando solo frente a ella.