En esta oportunidad, no quiero perder de vista la pérdida del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Una noticia que ha trascendido fronteras, toda vez que no se debe tratar con normalidad el atentado contra un servidor público que cumplió con su labor pese al clima de inseguridad que le tocó enfrentar.
No es una novedad que nuestro país vive un contexto de impunidad, ingobernabilidad y corrupción que ha motivado una serie de atentados contra alcaldes y/o candidatos a otros puestos de elección popular. Tampoco lo es que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha querido reconocer el reto institucional que enfrenta y las decisiones erróneas de su mandato, ya que el diálogo no resolverá la problemática de seguridad nacional que adolece nuestra nación.
Me parece, estimada o estimado lector, que ella, igual que su predecesor, ha intentado proyectar una imagen política de satisfacción y progreso, siendo completamente falso, puesto que las estadísticas nos demuestran el fracaso gubernamental en Guanajuato, Michoacán, Estado de Mexico, Sinaloa, entre otros estados. Si bien es cierto que las gobernadoras y los goberandores tienen mucho que ver en este asunto, también lo es que la Fiscalía General de la República es competente para conocer casos de delincuencia organizada como principal conducta generadora de violencia y el Gobierno federal es responsable de emprender políticas públicas para la prevención del delito.
El caso de Manzo se suma al del líder limonero y del abogado David Cohen. ¿Cuántos más se añadirán a la lista para que la mandataria federal tome en consideración las necesidades de los mexicanos?