El dinero público revela las verdaderas prioridades de un gobierno. El Presupuesto de Egresos 2026 fue aprobado con cifras que merecen una lectura crítica: más recursos para el control político y menos para lo que sostiene la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos —la educación, la salud y la seguridad.
En salud, aunque se anuncia un aumento del 5.9%, la cifra es engañosa. Hospitales emblemáticos como el Infantil de México “Federico Gómez” sufrirán recortes cercanos a los 600 millones de pesos. En un país donde, según el CONEVAL, más de 33 millones de personas carecen de acceso a servicios médicos, este recorte se sentirá en los consultorios y quirófanos que más lo necesitan.
La educación tampoco mejora. México destina menos del 4% de su PIB a este sector, por debajo del promedio de la OCDE (4.9%). Las universidades públicas que forman a la mayoría de los profesionistas —UNAM, IPN, UAM y UNADM— enfrentarán reducciones de entre 2% y 8%, mientras que instituciones nuevas, con menor matrícula, duplicarán sus recursos. La decisión parece más política que académica: se premia la cercanía al poder y no la calidad ni la trayectoria.
En seguridad, el panorama es más preocupante. Con más de 25 mil homicidios dolosos al año, el presupuesto federal para seguridad pública se reducirá 14.6%. Menos recursos para capacitación, tecnología y prevención en un país donde la violencia se ha convertido en la principal preocupación ciudadana. Un recorte así no solo debilita a las instituciones: también erosiona la confianza social.
En contraste, los programas sociales recibirán casi un billón de pesos. Pero el problema no es cuánto se gasta, sino cómo. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado pagos duplicados, beneficiarios inexistentes y recursos sin comprobar. Cuando la ayuda carece de transparencia, deja de ser política pública y se convierte en instrumento electoral.
El Presupuesto 2026 muestra un rumbo que no prioriza lo esencial. La educación, la salud y la seguridad no deberían competir con intereses políticos ni financieros; son la base de cualquier país que aspire a la justicia y al bienestar.
México necesita un presupuesto que escuche a la gente, que invierta en el futuro y no en el control. Que ponga al centro a las familias, a los jóvenes y a quienes sostienen este país con su trabajo y su esperanza.
Porque los números pueden cuadrar, pero cuando la vida de las personas no mejora, el balance sigue en rojo.