Mauricio Cárdenas Palacios/Diputado local por el VI distrito
En Querétaro hemos demostrado que la política se construye con altura, con diálogo y con responsabilidad. Aquí se escuchan todas las voces, se gobierna sin colores y se trabaja pensando en los resultados que necesita la ciudadanía. Esa ha sido la manera de trabajar del gobernador Mauricio Kuri y esa es también la ruta que muchos municipios, incluso gobernados por otras fuerzas políticas, han elegido para servir mejor a su gente.
Por eso resulta tan preocupante lo que se está viviendo en Cadereyta. La falta de coordinación y la permanente confrontación han tenido consecuencias visibles para la vida cotidiana de las familias. No se trata de diferencias políticas ni de visiones distintas—eso es normal en cualquier democracia—sino de la ausencia de un rumbo claro y de la negativa a asumir responsabilidades institucionales.
Lo ocurrido recientemente en Palacio de Gobierno confirmó una tendencia que ya hemos visto repetirse. La reunión prevista entre el gobernador y la presidenta municipal de Cadereyta no solo no se llevó a cabo, sino que terminó convirtiéndose en un episodio que alimenta el conflicto en lugar de resolverlo.
La molestia por un protocolo institucional —la presencia de un fotógrafo— fue suficiente para romper el diálogo antes de siquiera iniciar. Y es justamente esa actitud, la de privilegiar el escándalo sobre la solución, la que lastima a Cadereyta.
Mientras otros municipios como Ezequiel Montes, Colón, Tequisquiapan, Jalpan, Arroyo Seco o Landa de Matamoros han demostrado que, aun teniendo gobiernos de distintos partidos, la cooperación con el Ejecutivo Estatal es posible y da resultados, en Cadereyta ocurre lo contrario. Lo que debería ser una relación de trabajo se ha convertido en una dinámica de tensión que no abona en nada al bienestar de la población.
Los efectos están a la vista. La seguridad pública no mejora, los servicios básicos se encuentran rebasados y la administración municipal carece de dirección y coordinación. Los programas sociales se debilitan y la interlocución con el Gobierno del Estado es casi inexistente. En lugar de concentrarse en resolver estos desafíos, se apuesta por la confrontación.
Desde el Congreso hemos insistido en que la colaboración interinstitucional no es un gesto político, sino una obligación constitucional. Los ciudadanos no esperan pleitos, esperan resultados; no esperan escenarios tensos, esperan soluciones; no esperan discursos, esperan trabajo. Y cuando un municipio rechaza la posibilidad de coordinarse con el Ejecutivo Estatal, quien termina afectada no es la autoridad: es la gente.
Lo ocurrido en Palacio de Gobierno debería servir como un punto de inflexión. No para profundizar el conflicto, sino para reconocer que la única salida es asumir con seriedad las responsabilidades públicas. En Querétaro sabemos que el diálogo funciona. Sabemos que los acuerdos mejoran la vida de las personas. Y también sabemos que cuando se antepone el interés de la comunidad, las diferencias políticas encuentran cauces institucionales para resolverse.
Cadereyta merece un gobierno que dé resultados, que tenga claridad de rumbo y que entienda que gobernar implica escuchar, coordinarse y trabajar sin protagonismos.
Mi deber como diputado es señalar con claridad: la ciudadanía merece más que confrontación. Merece soluciones, y esas solo pueden construirse con diálogo, responsabilidad y cooperación.
Y es que cuando el diálogo se rompe, la ciudadanía es quien pierde.