Como padre de familia y como servidor público, tengo claro que hay decisiones que no pueden tomarse a la ligera ni bajo la presión del momento.
Cuando se trata de leyes que impactan directamente en la vida de niñas, niños y adolescentes, la responsabilidad de quienes legislamos debe estar por encima de cualquier consigna o interés ideológico. Por eso, he expresado mi respaldo a la decisión del gobernador Mauricio Kuri de vetar la llamada Ley de Autopercepción de Género en Querétaro.
No se trata de negar derechos ni de desconocer la dignidad de ninguna persona. En Querétaro, hemos sido claros en la defensa de los derechos humanos y las libertades de todas y todos. Sin embargo, también tenemos la obligación de revisar con seriedad cada cambio legal que pueda tener consecuencias profundas en la vida cotidiana de las familias.
La iniciativa que fue vetada generó preocupación en diversos sectores de la sociedad. Padres de familia, especialistas, docentes y ciudadanos han señalado la necesidad de un análisis más amplio antes de modificar el marco legal en temas tan sensibles como la identidad de género. Estas inquietudes no pueden ser descalificadas ni ignoradas; al contrario, deben ser escuchadas con respeto y responsabilidad.
En ese sentido, es importante considerar que, aunque la Ley de Autopercepción en Querétaro no contemple de manera explícita a menores de edad, existen criterios y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en otros estados ya han invalidado el requisito de mayoría de edad para el cambio de identidad de género en actas de nacimiento. Esto mantiene abierta una preocupación legítima sobre los alcances que este tipo de disposiciones podrían tener para nuestras niñas, niños y adolescentes.
Cuando se legisla sin suficiente deliberación o sin consultas amplias a quienes se verán directamente impactados, existe el riesgo de generar vacíos legales o efectos no previstos que, con el tiempo, pueden resultar difíciles de corregir. En estos casos, la prudencia no es un obstáculo para el progreso, sino una condición indispensable para legislar bien.